Apático recuerdo de la Constitución

Con notable indiferencia general se ha recordado el aniversario catorce de la vigencia de la Carta constitucional redactada por una Asamblea Constituyente y promulgada por el gobierno de Evo Morales en el año 2009. Pocas entidades han conmemorado el suceso e inclusive se ha notado apatía por parte de organismos oficiales, oficialistas y las llamadas organizaciones sociales.
La vigente Carta Magna inicialmente fue considerada y redactada por la Asamblea Constituyente, en medio de circunstancias difíciles, pero la Asamblea no la aprobó. El nuevo estudio pasó a desarrollarse en el cuartel de La Glorieta, próximo a Sucre, donde se produjo un incidente con muertos y heridos. Por ello, el “sabio” documento fue trasladado para otro análisis a las ciudades de Oruro y Cochabamba, donde tampoco fue aprobado.
Finalmente, la consideración del asunto fue remitida a La Paz, a donde llegó para conocimiento, revisión y reformas por parte de una comisión de senadores que se encargó de modificar o cambiar alrededor de cien artículos, sin tener, a la vez, atribución para ello, ya que esa comisión era extra constituyente y en ella los constituyentes no tuvieron ni la menor participación.
Algo considerable ocurrió enseguida. La nueva Constitución que debía ser aprobada por la Constituyente, fue más bien aprobada con sus propias reformas por la comisión congresal, grupo de personas ajenas a la Asamblea Constituyente. Enseguida, el documento fue promulgado por el Órgano Ejecutivo. En acto continuo, el documento extra constituyente fue aprobado por referéndum y entró en vigencia. Al respecto, se argumenta que para que la Constitución tenga plena vigencia debe ser aprobada por la Asamblea Constituyente, a la cual se debería reunir para cumplir ese fin.
Por esos aspectos, se puede considerar que la Constitución actual, si bien es legal, no es legítima, ya que no fue aprobada por la Constituyente –que era la única que podía estudiarla y aprobarla–, sino por un equipo extra constituyente, algo que jamás ocurrió en más de quince asambleas de esa naturaleza en la historia de Bolivia. Tampoco en las de otras naciones.
Sin embargo, además de esas objeciones, cuando se estudia el contenido de la Carta Magna, se encuentra contradicciones que son vistas con frecuencia por abogados constitucionalistas, o disposiciones que no son puestas en práctica, lo que ha determinado que se le hagan varias reformas y hasta se ha sugerido que debe ser cambiada por otra, idea que inclusive fue propuesta por un Ministro de Justicia.
En todo caso, las observaciones concretas a ese documento estructural se refieren al desconocimiento de la condición de Bolivia como Nación y su reemplazo solo como Estado; el haber quitado a los indígenas el derecho de propiedad, al prohibirles vender sus terrenos, quitándoles, en esa forma, su condición de ciudadanos; establecer la pluralidad económica, jurídica y política de la población; adoptar conceptos populistas y otros.