Como una calca sin retoques, el gobierno de Luis Arce Catacora y el Movimiento al Socialismo (MAS), han comenzado a emular la cruel dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, que encarcela a opositores, persigue a la Iglesia Católica, aplica una feroz represión a cualquier ciudadano que se atreva a protestar, llenando sus cárceles de disidentes y, lo último, deportando y despojando de su nacionalidad a los opositores.
Hace poco, el gobierno de Nicaragua ha exiliado y despojado de su nacionalidad a 220 disidentes políticos que tenía en cautiverio en condiciones de crueldad y tortura, como denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según el gobierno nicaragüense, estos presos políticos fueron acusados de traidores a la patria y juzgados y sentenciados en el marco del debido proceso.
En Bolivia la cantidad de presos y perseguidos políticos ya ha superado las 150 personas, constituyéndose en casos emblemáticos la ex presidenta Jeanine Añez y el secuestrado gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; además de ex altos jefes militares, policiales, ex ministros y otras ex altas autoridades del gobierno de transición. Según el gobierno, tanto secuestrados como presos políticos son enjuiciados en el marco del debido proceso judicial.
En el marco de posicionar la falsa narrativa de que en Bolivia en 2019 hubo un golpe de Estado, y con el objetivo de esconder el tremendo fraude electoral del ex presidente Evo Morales y del MAS, el gobierno de Arce Catacora no tiene empacho alguno en perseguir y encarcelar a la oposición, emulando a cabalidad a su colega Daniel Ortega.
En Nicaragua, en estos dos últimos años, la Iglesia Católica ha sufrido duros ataques de parte del gobierno de Ortega que ha expulsado al Nuncio del Vaticano y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta; ha encarcelado a siete sacerdotes y clausurado varias emisoras de radio católicas. La anterior semana ha condenado a 26 años de prisión al obispo Rolando Álvarez, quien se negó a ser deportado, acusado por el supuesto delito de terrorismo de Estado, tema judicializado por la dictadura de Nicaragua,
En Bolivia, como una copia de lo que sucede en el país centroamericano, el Procurador General del Estado ha solicitado a la Fiscalía General del Estado, que responde plenamente al Órgano Ejecutivo, “investigar” y procesar a los miembros de la Iglesia Católica que posibilitaron la pacificación del país en 2019. La Procuraduría es operada por Wilfredo Chávez, abogado de Evo Morales y es el verificador de actas de los comicios de 2019, ahora ha solicitado sancionar al clero religioso por haber participado activamente en la búsqueda de una salida pacífica al fraude electoral de Evo Morales, quien buscaba convulsionar al país.
En enero de 2022, Daniel Ortega asumió los destinos de Nicaragua por quinta vez (cuarta consecutiva), luego de unas elecciones amañadas, donde al menos 39 líderes opositores fueron detenidos, incluyendo siete precandidatos a la presidencia; en Bolivia, el MAS gobierna casi por 17 años (exceptuando el año de transición de Jeanine Añez) y, al parecer, su objetivo es continuar con el control del gobierno persiguiendo y encarcelando a toda la oposición, montando una farsa de división interna, para luego tener el control total del poder, emulando así a Nicaragua, además de Venezuela y Cuba.
Con el sometimiento de la justicia boliviana convertida en un “sicariato judicial” no existe la mínima posibilidad de una defensa, razón por la que es importante que los organismos internacionales cumplan su papel de precautelar la vigencia de los derechos humanos y democráticos de manera responsable y expedita. Hemos solicitado la aplicación de medidas cautelares por razones humanitarias y de riesgo comprobado y no hemos recibido respuesta. No puede ser que haya omisión cuando hay pruebas de que las dictaduras en nuestros países avanzan a pasos agigantados. ¿Será que tiene que haber máximo sufrimiento y crueldad para que recién se impongan sanciones o simplemente medidas precautorias? Deberíamos avanzar hacia un mundo de instituciones más previsoras y sensibles y no todo lo contrario.
¡Las dictaduras muestran señales evidentes, no habría que dejar que el dolor y la violencia prosperen! ¡La omisión es también un delito!
Centa Rek, Senadora por Santa Cruz.