Si el expresidente Evo Morales hubiera respetado los resultados del referéndum que se celebró el 21 de febrero (21-F) de 2016, cuando la mayoría votó por el No a la reelección para su cuarto mandato, se hubieran evitado las muertes, porque los conflictos políticos de 2019 son un desenlace del 21F, manifestaron profesionales consultados por EL DIARIO.
El economista Julio Alvarado aseguró que la realidad boliviana sería muy diferente ahora si el Movimiento al Socialismo (MAS) hubiera respetado los resultados del 21F.
“El 2019 es un desenlace del 21F, es la materialización del 21F y el 2020 también. Si se hubiera respetado los resultados no hubiera habido muertos porque el MAS hubiera presentado para las elecciones a otro candidato, como lo ha hecho el 2020 y por lo tanto, toda esa movilización ciudadana se ha acabado ahí e ingresábamos a un periodo de elecciones en tranquilidad”, dijo.
En ese marco manifestó que el único culpable para el derramamiento de sangre en Bolivia, son los que no acataron la decisión soberana de 2016.
21F
El abogado constitucionalista, José Luis Santistevan, recordó que Evo Morales convocó a referéndum de modificación del artículo 168 de la Constitución, para que le permitiera presentarse a las elecciones de 2019 por cuarta vez. La tercera fue forzada por una ley de aplicación normativa de fecha 20 de mayo de 2013, sobre la disposición transitoria primera parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE).
El referéndum se realizó el 21 de febrero de 2016 y dicha reforma del artículo 168 fue rechazada: el No representó el 51,3% (2.682 517) frente al Sí el 48,7% (2.546.135).
Tras los resultados, legisladores del MAS presentaron un recurso abstracto del artículo 168 aduciendo la aplicación preferente del artículo 256 de la CPE.
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictan la sentencia 084/2017 de fecha 28 de noviembre de 2017.
“Esa sentencia fue violatoria de todos los derechos políticos del ciudadano. Hoy, esos magistrados ocupan cargos públicos”, aseveró el jurista.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló que la reelección indefinida, expresada en la Sentencia Constitucional 084/2017, no es un derecho humano protegido por el Pacto de San José de Costa Rica.
DELITOS
En criterio de Santistevan, los magistrados que firmaron la sentencia cometieron los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, prevaricato, falsedad material, delitos electorales, entre otros, mismos que a la fecha continúan impunes.
“Este fue en inicio que marca el desconocimiento de la democracia directa, que colocó a los tribunales por encima de los resultados electorales. Ahí empezó la manipulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las elecciones dolosas de 2019. Esa es la realidad política que generó el inicio de la violencia en el Estado”, apuntó.
ELECCIONES
FRAUDULENTAS
En criterio de Santistevan, la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, del 1de noviembre de 2018, es parte de la trama del fraude electoral y la impunidad.
“Evo Morales apelando a las elecciones primarias de candidaturas utiliza al TSE, al margen de la aplicación del artículo 410 de la CPE, y se hace habilitar como candidato en forma inconstitucional”, dijo.
Recordó que a horas del inicio del conteo oficial, con observadores incluidos, cuando se establecía una segunda vuelta entre los candidatos Morales y Carlos Mesa, se suspendió la Transmisión de Resultados Rápidos TREP para evitar la segunda vuelta.
Organismos internacionales informaron el fraude producido. Se descubre otro servidor que funcionó paralelamente al servidor oficial del TSE. La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó la versión final del Análisis de Integridad Electoral del grupo de auditores el 4 de diciembre de 2019.
“La OEA declaró que hubo manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitaron validar los resultados electorales”, recordó.
La auditoría electoral concluyó: “Ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”. Auditoría realizada por acuerdo del Estado Boliviano y la OEA, firmado por el entonces canciller Diego Pary y Luis Almagro para el análisis de integridad de las elecciones del 20 de octubre 2019.
“Encontrado en flagrancia, Evo Morales el domingo 10 de noviembre de 2019 anula las elecciones, destituye a los vocales del TSE, y convoca a nuevas elecciones anunciando un nuevo TSE. A confesión de partes relevo de pruebas”, aseveró.
El mismo 10 de noviembre Evo Morales y Álvaro García, renuncian voluntariamente, cesando en su mandato conforme al artículo 170 de la CPE.
Una vez que renunciaron las autoridades, la Fiscalía imputó y encarceló a los miembros del TSE por el delito de fraude electoral y otros.
IMPUNIDAD
El jurista apuntó que la crisis política de sucesión constitucional inicia cuando Evo Morales, alertado y perseguido por la justicia, sale rumbo a México y luego aterriza en Argentina en su condición de refugiado.
Los vocales del TSE son procesados por la comisión de varios delitos, los exministros se refugiaron en las embajadas. El actual presidente Arce, aduciendo enfermedad crónica, recibe el salvo conducto humanitario para salir del país.
La Asamblea Legislativa, con los dos tercios del MAS, aprobó la Ley 1266 de 24 de noviembre de 2019, dejando sin efecto legal las elecciones del 20 de octubre de 2019 y sus resultados. Establece la realización de elecciones generales 2020 y la designación de vocales del TSE y los TED.
Simultáneamente se inician los conflictos, Evo Morales instruye al dirigente cocalero Faustino Yucra bloquear y que no ingresen alimentos a las ciudades. El dirigente fue aprehendido en abril de 2020.
En julio de 2020, la Fiscalía imputa por terrorismo al expresidente Morales y no por el delito de fraude electoral. Hoy, Evo Morales ha sido sobreseído, por los mismos fiscales y jueces que lo imputaron.
Las elecciones generales se realizan el 20 de octubre de 2020 y Luis Arce jura como presidente el 8 de noviembre de 2020. “La administración de justicia y el fiscal general, jueces y fiscales, inmediatamente regresan a ser funcionales al MAS”.
DECRETO SUPREMO
El presidente Luis Arce firma el Decreto Supremo (DS) 4461, en fecha 2 de febrero de 2021, y concede amnistía en favor de aquellos que cometieron delitos entre el 21 de octubre de 2019 y 17 de octubre de 2020. Todos los que cometieron delitos graves, incluido el fraude electoral, utilizaron el DS para beneficiarse y Evo Morales regresó al país y los vocales del TSE recuperaron su libertad.
“Todos los que cometieron el delito de fraude electoral y otros delitos, han sido sobreseídos, y ocupan cargos públicos. El fiscal general acusador fue el mismo que pidió los sobreseimientos. El abogado y apoderado de Evo Morales, hoy es Procurador del Estado. Luego de haberse utilizado el DS. 4461, para la impunidad, fue abrogado en fecha 19/08/2021 por el DS. 4571”, recordó.
En ese marco, Santistevan dijo que no se puede borrar la historia del fraude, porque es la historia del Estado, aunque sea la ruptura de la democracia.
