La Constitución Política del Estado define en el Art. 168 que “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. Disposición II: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.
En 2006 Evo Morales asumió el poder y por el absurdo de que con la Nueva Constitución supuestamente nace el Estado Plurinacional. Con el decreto Nº 0405, de 20 enero 2010, se determina que el 22 de enero es día de la Fundación del Estado Plurinacional, vulnerando la Norma Suprema. Morales imaginó que no existe historia en Bolivia y se postuló en 2010 para segunda reelección.
En 2014, la Ley Nº 082/2013-2014 de 21 mayo 2013, de “Aplicación Normativa”, le permite presentarse a una TERCERA reelección, al considerar que no cuentan los mandatos anteriores a la refundación de Bolivia como Estado Plurinacional. Morales al pretender quedarse en el poder indefinidamente, dispuso arbitraria y unilateralmente el Referéndum del 21 de febrero de 2016, para consultar al soberano para una reelección por tercera vez. Pero el pueblo soberano le dijo NO, con un 51,3%.
Entonces Morales y García Linera desconocieron la voluntad del pueblo, recurrieron a sus vasallos, magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que actuaron sin tener competencia. Éstos cometieron delitos, como dice el Art. 110 de la CPE: I. Todas las personas que vulneres derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. II. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales”.
Argumentando que limitar la reelección viola el Art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido a “elegir y ser elegido”, habilitaron a Evo Morales y Álvaro García para una CUARTA reelección de 2019, con la Sentencia Constitucional Nº 84/2017 que aún está vigente, desconociendo la Norma Suprema y el mandato del 21F, sin que los Órganos de Justicia ni la Fiscalía General cumplan su función de defender la democracia y la Constitución. Debieron procesar a todos lo que se burlaron de la voluntad del pueblo, expresada en el Referéndum del 21F.
La crisis política y económica que vivimos fue originada porque Morales no respetó el resultado del referéndum 21F. En las elecciones de 2019 se descubrió el fraude, denunciado por la OEA y avalada por veedores de la Unión Europea. Viéndose descubierto, Morales huye de Bolivia a México y luego se va a la Argentina, ante este vacío de poder no podía quedar el Estado sin administración, por ello se llevó adelante la sucesión constitucional de Jeanine Añez y las elecciones de 2020, donde con un Padrón inflado ganó Luis Arce
En el MAS hay disputas por los puestos de trabajo y hacen un show de peleas entre evistas contra arcisistas y choquehuanquistas para distraer a la población ante la grave crisis económica que vive el país por el despilfarro de las Reservas Internacionales, que se están agotando y el gas que ya no reporta ingresos a Bolivia. No hay dólares para la importación de bienes de capital e insumos, así como de alimentos de Perú, Chile y Argentina.
Siguen con la retórica del golpe, pero si hubo “golpe”, entonces las elecciones serán declaradas nulas y ello conllevará que Luis Arce y su gobierno, incluidos diputados y senadores, son ilegales e ilegitimos, y por tanto deben ser sometidos a la justicia por daño económico al Estado, lo que NO prescribe.
El 21 de febrero se recuerda 7 años del triunfo en el referéndum, pero el gobierno masista DESCONOCIÓ la decisión del pueblo, traduciéndose en un golpe a la democracia, lo que dio inicio a la caída del presidente Morales, dirigente de las 6 Federaciones de cocaleros del Chapare. Por ello Morales y los responsables deben rendir cuentas a la justicia, y no quedar en la impunidad. Ese trabajo le corresponde al procurador Chávez, así como recuperar los gastos del Referéndum del 21F y las elecciones anuladas de 2019. Si omite acciones se convertirá en cómplice de esos delitos.
La autora es Abogada-Economista, ex Asambleísta Constituyente.