El ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Juan Santos Cruz, fue convocado, para el próximo 5 de marzo, por la Comisión de Política Social de la Cámara Baja para responder 19 preguntas de la Petición de Informe Oral (PIO), por presuntas irregularidades en su gestión y oficinas de su dependencia, informó a EL DIARIO el diputado Ramiro Venegas.
Venegas que representa a La Paz, manifestó que hasta su despacho llegaron varias denuncias de vecinos por irregularidades en la administración del MMAyA, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social (AAPS) y la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) S. A.
Venegas manifestó que el PIO estaba programado para el 12 de febrero, sin embargo, el mismo fue postergado para marzo a petición de Santos, debido a que se le habría presentado una reunión en la ciudad de Tarija.
“Lastimosamente el ministro de Agua se está zafando, presentó una excusa que no corresponde, porque habría sido convocado por un asambleísta a Tarija, no ha respetado la jerarquía que tiene la Asamblea Legislativa, su jefe de gabinete dijo que se presentará en marzo, esperemos que no sea una excusa para no transparentar y responder las preguntas del PIO. Hemos pedido que sea a puertas abiertas, estamos invitando a las organizaciones sociales”, dijo.
El legislador del Movimiento al Socialismo (MAS), manifestó que el fin de la PIO es transparentar todos los gastos que hace el ministro de Agua, ya que su ejecución presupuestaria de la gestión 2022 “no llegó ni al 40%”.
“(La baja ejecución presupuestaria) ha hecho que no se ejecute proyectos de inversión pública, no ha cubierto proyectos de agua potable y alcantarillado y otros que beneficien a la población. Queremos transparentar todo, también escuchamos que Epsas S.A nos quiere restringir el agua, creo que hubo descuidos al respecto, el fin es que nos garanticen el agua a los paceños”, dijo.
PETICIÓN
La nota enviada desde la Cámara de Diputados al Presidente del Estado Luis Arce, hace referencia a 19 preguntas que el diputado Ramiro Venegas plantea al Ministro de Medio Ambiente y Agua, para que de manera oral pueda esclarecerlas.
Las interrogantes van desde observaciones en la gestión y administración del ministerio al cual representa, la necesidad de aclarar sobre las designaciones de la directora de la AAPS, Karina Ordoñez, del interventor de Epsas S.A, Bladimir Iraizos, y las denuncias de corrupción en la compañía prestadora del servicio de agua.
RECURSOS
Las preguntas más relevantes tienen que ver con el destino de los recursos que administró el MMAyA, proveniente de créditos internacionales para proyectos de agua y medio ambiente de las gestiones 2017 a la 2022.
La petición de informe exige que se aclare si se dio cumplimiento a la Ley 1210 que tiene por objeto establecer la política pública sectorial de servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario, en los casos que existan dificultades, restricciones, limitaciones y riesgos en la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que tengan un alcance de dos o más unidades territoriales.
Venegas recordó que por el riesgo en el suministro del líquido elemento Epsas S.A fue intervenida desde 2013, inicialmente por un año, empero la misma sigue en la misma situación sin que a la fecha haya avances de la creación de la nueva empresa.
Tras denuncias que llegaron a EL DIARIO de trabajadores, que pidieron mantener su nombre en reserva, se conoció que en meses pasados la AAPS amplió nuevamente la intervención, lo que originaría inestabilidad en la operadora de servicios, la directora de esa instancia manifestó a este medio de comunicación que la ampliación solo se limita a garantizar el suministro del líquido vital.
“La intervención no puede ser considerada como causa de inestabilidad en la empresa, en vista de que esta se limita únicamente a garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, los operadores de servicio como es el caso de la Epsas S.A Interv., desarrollan sus funciones en base a documentos de planificación quinquenales PDQ y anuales POA, estableciendo informes de evaluación periódicos respecto del cumplimiento de objetivos y metas, en algunos casos estos informes podrían establecer ajustes en los sistemas de personal, organizacional, administrativo y normativo, que de ninguna manera se deben considerar inestabilidad, sino que son necesarios para garantizar el servicio”, dijo Ordoñez.
DESIGNACIONES
El legislador pide aclarar si la directora de la AAPS fue designada en el cargo con Resolución Suprema conforme la normativa legal en actual vigencia, de no existir esta resolución – dijo – que Cruz debe explicar las razones por las que incumplió esa disposición, el tiempo que se encuentra ejerciendo el cargo, el perfil profesional y si la funcionaria cumple los requisitos que el manual exige para ocupar ese puesto.
Asimismo, exige se informe sobre la designación del interventor Iraizos, si éste cumple el perfil profesional que se requiere para gerentar la empresa, y si la directora de la AAPS conoce sobre una denuncia penal (CUP 214102122100171) contra el Interventor por uso indebido de bienes del Estado y servicios públicos y las acciones que tomó al respecto.
También pide informe sobre el incremento salarial en Epsas S.A, despidos injustificados en las gestiones 2019, 2020, 2021 y 2022.
Pide un informe detallado sobre las inversiones realizadas por Epsas S.A. para la renovación, ampliación y equipamiento del sistema de distribución de agua potable.
“Remita copias legalizadas de reglamentos y manuales que regulan las actividades administrativas en Epsas S.A, remita estados financieros y copias legalizadas de concesiones y licencias otorgadas a la compañía entre otros documentos”, señala parte del PIO solicitado.
EPSAS CAMINO AL COLAPSO
El exasesor jurídico del Directorio de Epsas S.A., Marco Antonio Ramos, advirtió a EL DIARIO que la firma está próxima al colapso.
“Lamentablemente Epsas S.A esta encaminada al colapso, su capacidad de administración y gestión están a punto de una administración fallida. Desde el año 2007 Epsas debiera constituirse en una empresa publica y social, pero a la fecha continua privada, razón por la que el Gobierno no puede otorgar recursos para las grandes inversiones que requiere la compañía, renovación de tuberías de agua, aducciones a la zona sur de La Paz, construcción de nuevas represas y sobre todo construcción y ampliación de nuevas plantas potabilizadoras de agua”, advirtió.
Ramos, explicó que Epsas S.A pagó sus bonos de desvinculación de Aguas del Illiman el 2007.
“La propia Epsas pagó los bonos de su desvinculación, con ello AISA, como se la conocía, administró la empresa por mas de 10 años sin hacer inversiones importantes, por ello nosotros los alteños nos movilizamos para crear una nueva empresa publica y social, sin embargo el actual Presidente Luis Arce, exministro firmante del Decreto de Desvinculación y creación de una nueva empresa no resuelven la situación jurídica de Epsas, lamento mucho que el actual ministro Juan Santos Cruz no haya movido un dedo para promover la creación de la nueva empresa de agua”, dijo.
En ese marco, lamentó que permanentemente se escuche de corrupción. “En medios de comunicación y en redes sociales se ve denuncias de corrupción y malos manejos en Epsas, recientemente vi unas publicaciones donde denuncian sobreprecio en la compra de volquetas y tractores, dirigentes que se quejan por el mal servicio al recibir agua turbia en sus domicilios, todo se debe a que Epsas no tiene capacidad de inversión, los recursos no son suficientes, porque más del 50 por ciento se va a salarios de los trabajadores, queda muy poco para inversión”, explicó.
Recordó que son ocho municipios del eje metropolitano que forman parte del área de influencia del servicio que otorga Epsas S.A.
“Son más de dos y medio millones de personas que reciben agua de una empresa que se maneja a control remoto, no hay mejoras y lo único que escuchamos en este periodo es racionamiento de agua, prohibiciones y sanciones, pero no existe inversiones para resolver su problema estructural. Las autoridades no conocen del sector, dos agrónomos se encargan de la atención del agua, uno en el Ministerio y otro Epsas”, lamentó.
EL DIARIO buscó la versión del ministro Cruz pero vanos fueron los intentos ya que no contestó nuestras llamadas.
EMERGENCIA SIN ATENCIÓN
La activista social y excandidata a la Defensoría del Pueblo, Guadalupe Daza, manifestó a EL DIARIO que las autoridades de agua manejan un doble discurso, por un lado hablan de uso eficiente y por otro pierden litros en fugas no atendidas a tiempo, que además genera riesgo para los vecinos.
“Hace un mes atrás intervino Epsas en la calle 10 de febrero de la zona de Munaypata, han realizado un trabajo pésimo que provocó un deslizamiento al interior del domicilio de una vecina, tras la denuncia, volvieron a verificar y luego se fueron. El sábado de carnaval las filtraciones seguían, volvieron los trabajadores y a pesar que seguía filtrando taparon el hueco que hicieron, sin resolver el problemas que a todas luces pasa por el cambio de tubería”, advirtió.