La afectación a los derechos humanos deviene por muchos factores, uno de ellos (tal vez el más relevante) es la corrupción, por ejempleo, cuando las personas no cuentan con recursos económicos, pero, consiguen de cualquier forma esto con el propósito de dar dinero (sobornar) al servidor público, para acelerar algún trámite o que, dé vía libre, aunque existan irregularidades.
Estas prácticas que infringen la reglas, de un tiempo a esta parte, se han vuelto en algo rutinario (normalizado), muy pocos se dan cuenta que esta forma de proceder es perversa y tiene consecuencias funestas para el desarrollo del país, es una especie de espiral que va en ascenso y puede tornarse incontrolable, algo así como la Hidra de Lerna (bestia de aliento venenoso, que tenía la rara y terrible característica de ser multicéfala y, además, de regenerar dos cabezas por cada una que le cercenaran).
El Estado a través de sus instituciones y normativas debe combatir la corrupción (¿o es mucho pedir?), antes que el país se convierta en un Estado anómico. Émile Durkheim en su obra “La división del trabajo en la sociedad” (1893) decía que en «Un estado sin normas, que hace inestables las relaciones del grupo, impidiendo así su cordial integración», el cumplimiento de las normas (así sean injustas) es obligatorio, no hay espacio para la negociación, una sociedad que transgrede las leyes, se puede desbordar. Ya lo dijo Agustín de Hipona, hace más de mil quinientos años, “Los Estados que no se rigen por la ley y la justicia, no son más que bandas de ladrones”, donde cada quien hace lo que quiere.
En el prefacio de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, de 26 de agosto de 1789, se afirmaba que “la ignorancia, abandono o desacato de los derechos del hombre son la única causa de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos”.
Según el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana; …que “daña al pobre de manera desproporcionada” y promueve la “desigualdad”.
La corrupción afecta a los derechos reconocidos y codificados, en la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos, especialmente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En cuanto a la salud, los artículos 9, 18, 35 y ss. de la Constitución, refieren que el Estado garantizará para todos el acceso a la salud, en tanto que el Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, afirma el derecho a recibir el más alto nivel posible de salud. En el tema educativo, los arts. 8, 17 y 77 y ss. indican que la educación “constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”, del mismo modo, los arts. 13 y 14 del mencionado pacto implican “orientar la educación al desarrollo de la personalidad humana, la dignidad y el respeto a los derechos humanos”.
El Informe de Progreso de la Relatora Especial (2005) de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU enfatizó sobre el “efecto grave y devastador” de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos.
El Estado boliviano debe tomar las medidas necesarias para erradicarla, aunque probablemente sea (casi) misión imposible, empero, debe empeñarse en reducirla, en caso contrario, si el Estado nada hace, existe incumplimiento a compromisos asumidos. Bolivia figura entre los primeros Estados que ratificó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, lo cual facilitó su entrada en vigor en 2005, en su Art. 12 señala que “Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas…”.
El autor es politólogo – abogado y docente universitario.
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