La pobreza como factor de inseguridad en áreas urbanas

En Latinoamérica, uno de los obstáculos para la seguridad ciudadana es la situación generalizada de pobreza, de la que nuestro país no está exento. En Bolivia la inseguridad ciudadana es un fenómeno muy preocupante para la población urbana.
Existen factores sociales de inseguridad ciudadana como: pobreza, desempleo, alcoholismo, desintegración familiar, consumo de sustancias controladas, que daña al ser humano y, por ende, a la familia y sociedad. Por esta problemática se genera un escenario de inseguridad, tendiente a la comisión de asesinatos, robos, hurtos, violaciones y otros. Estos factores provocan enorme malestar y preocupación en la población.
Al hablar de crimen, la pobreza siempre surge como un elemento determinante. Según la explicación más socorrida, la pobreza y la falta de oportunidades son causas de índole estructural, que deben ser atendidas para reducir la violencia. Una sociedad menos pobre, se nos dice, acarreará menos violencia, e incidencia delictiva más baja.
Pero la relación entre estos dos problemas es más compleja. Lo que queda claro es que el crimen también causa mayor pobreza, creando un círculo vicioso difícil de romper. No obstante, parece que el Estado solo se enfoca en la relación entre pobreza y crimen. En este contexto, es importante recordar los principales mecanismos por los cuales el crimen puede incidir en mayor pobreza y desigualdad.
La delincuencia y la inseguridad afectan negativamente el desarrollo del capital humano, elemento necesario para la movilidad social. Una primera razón es que la inseguridad ocasiona más estrés emocional y menor asistencia a la escuela, lo que a su vez incide en bajo aprovechamiento y deserción escolar.
La delincuencia es parte de la cotidianidad, en parte de los individuos baja la percepción de los beneficios de estudiar.
La inversión física desciende en lugares donde hay mayores tasas de crimen. Esto se traduce en menos oportunidades de empleo y salarios bajos para los trabajadores. Las personas pobres padecen más los efectos del crimen y/o de la violencia que las personas de ingresos más altos.
Toda política pública bien diseñada y evaluada que busque reducir los niveles de pobreza en el país debe ser aplaudida, pero la política social no puede ser la única forma de enfrentar al crimen y, en consecuencia, la inseguridad ciudadana.
Debemos concebir la seguridad ciudadana como un bien público que está estrechamente vinculada con la protección de los ciudadanos ante la violencia y el delito. Una seguridad que les permita desarrollar sus potencialidades y vivir con dignidad en democracia.
En consecuencia, la seguridad ciudadana es un imperativo social y político. Es un indicador de la eficacia de las instituciones estatales y de la convivencia social en un Estado de Derecho.
La seguridad ciudadana es parte de la seguridad humana, entendida como una situación en la que las personas pueden ejercer sus derechos fundamentales, con apoyo de las instituciones públicas. Y con respuesta eficaz cuando esos derechos son vulnerados, mediante políticas de seguridad ciudadana.