La seguridad ciudadana es responsabilidad de todos

La Constitución Política del Estado determina, respecto a la seguridad ciudadana, en su artículo 299, párrafo II, numeral 13, que es una competencia ejercida de forma concurrente por el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas. Es decir, por los Gobiernos Departamentales, Municipales y toda la población en general.
También el artículo 251, de la Norma Suprema, determina la Misión Constitucional de la Policía Boliviana, donde establece claramente su Misión Específica de “la defensa de la sociedad, conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”. En consecuencia, la seguridad ciudadana no solo implica a la Policía Boliviana, sino también a todos quienes son parte de la estructura de los gobiernos departamentales, como municipales, incluyendo, desde luego, a la población.
Por otra parte, la Ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, denominada “para una vida segura”, fundamenta que se requiere la participación ciudadana y el control social para garantizar la seguridad ciudadana. Es decir, que la participación ciudadana es también parte importante para preservar la vida y es fundamental para considerar que una persona se sienta segura al realizar sus actividades, con la confianza de que el Estado garantiza esa convivencia pacífica.
En la urbe paceña, en el centro de la ciudad y sus calles vemos puestos de vendedores ambulantes, quienes trabajan expuestos en medio de la inseguridad nocturna latente, aproximadamente de 19:00 p.m. hasta horas 01:00 a.m. Y a partir de la 01:00 hay una total inseguridad y las personas de a pie no asumen conciencia de ello, por diversos factores, debido a la necesidad de conseguir recursos económicos para subsistir.
Relativamente los vendedores ambulantes nocturnos son personas humildes que, debido a la pobreza en la urbe paceña y el control durante el día por parte de la alcaldía, a través de sus guardias municipales (para que no conviertan las calles en puestos de ventas), se ven ante la necesidad de salir en la noche, arriesgando su integridad física y psicológica, sometiéndose a situaciones incomodas, difíciles e inseguras.
Lamentablemente, también se ve a niños entre vendedores ambulantes, quienes, por inocencia, ven tal situación como un simple juego. Pero el horario nocturno es peligroso para los niños, ya que, factores como el frío, la presencia de borrachos, riñas y peleas, etc., hacen que los menores puedan sufrir alguna agresión o trauma que afecte su desarrollo físico, emocional y psicológico. Y es que, con solo exponerlos a la vida nocturna a tan temprana edad, ya son puestos en riesgo.
Los niños tienen derecho a una vida segura plena, no deberían estar expuestos a los peligros de la vida nocturna, pero la situación en la que se encuentran sus padres, los obliga a salir en la noche, acompañándolos como vendedores ambulantes, para ofrecer diferentes productos: dulces, peluches, flores, abrigos, etc., para la venta y así coadyuvar en la subsistencia de sus familias.
Por ello, unidades operativas policiales hacen patrullaje preventivo permanente en distintos turnos, tanto de día como de noche, para resguardar la seguridad de las personas, pero especialmente de los más vulnerables. Asimismo, dichos servicios son reforzados por personal de las Direcciones Nacionales de su dependencia, con el fin de optimizar dichos servicios para la protección y seguridad de las personas y la propiedad privada.
No se debe escatimar los esfuerzos para la defensa de la sociedad, en especial por la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, como de los niños, las mujeres y las personas de la tercera edad. Es necesaria la intervención por parte de la Policía Boliviana para la defensa de la sociedad y garantizar un ambiente de paz y tranquilidad en el ejercicio pleno de los derechos humanos.
En este sentido, entender la compleja relación entre crimen y pobreza es, sin duda, esencial para el diseño e implementación de políticas públicas. Es decir, es necesario un abordaje integral y específico de los determinantes sociales y de las condiciones de vida para reducir las tasas de criminalidad y la cantidad de personas en situación de pobreza.
Por todo ello reiteramos que: “La seguridad ciudadana es responsabilidad de todos…”.