El Ministerio de Gobierno adquirió la cámara que fue encontrada en la celda de Luis Fernando Camacho, dos semanas antes del secuestro de la primera autoridad del departamento de Santa Cruz, con lo que se confirma las sospechas sobre la planificación de ese operativo, denunció ayer la diputada por Creemos, María René Álvarez.
“Los documentos de adjudicación y del Sicoes muestran que un sujeto aparece ofreciendo productos de infusiones para los almacenes del Ministerio de Gobierno, pero de forma sorprendente, en los papeles, termina vendiendo una cámara de seguridad, cables y conectores al mismo precio de los mates y el café”, explicó Álvarez.
De acuerdo con el formulario de información de procesos con publicación de invitación, expedido por el Ministerio de Economía, el ciudadano José Luis Castro Vera se presenta a la adjudicación tanto como empresa unipersonal como de manera particular.
En el rubro de empresa aparece como representante de Linktec con sucursal en la calle Murillo de La Paz, con dos propuestas de venta de café instantáneo en Bs 4.100 y Bs 13.500, por un valor total de Bs 17.600.
Los productos son adjudicados para los almacenes del Ministerio de Gobierno y firma como responsable de registro y envío de información Guido Boris Ajuacho en fecha 3 de noviembre de 2022.
En otro documento, de manera irregular, figura como ítem unas cajas de mates, pero en la casilla de descripción del bien o servicio se mezcla con “100 metros de cable UTP de fibra óptica”. A continuación aparecen como otros ítems una mini cámara de seguridad marca Dahua y más abajo conectores VGA analógico y digital.
Con ese intempestivo cambio de productos, de mates a cables y cámaras, el formulario 500 de recepción de obras, bienes y servicios del Sicoes, muestra a la empresa unipersonal Castro Vera José Luis como proveedor de Bs 5.875 por los 100 metros de cable, Bs 4.100 por la mini cámara y Bs 13.500 por los conectores VGA.
Los productos fueron entregados el 10 de diciembre de 2022 a almacenes del Ministerio de Gobierno y la recepción se registra el día 14, dos semanas antes del secuestro del gobernador cruceño.
“La compra de esa cámara espía, dos semanas antes del secuestro, nos confirma las sospechas de que la dictadura de Arce y su ministro de Gobierno ya tenía un plan llevar a Chonchocoro al gobernador de Santa Cruz, como habían amenazado desde el oficialismo para descabezar a los líderes cruceños. Todo ello, preparado y coordinado con los operadores del sistema de justicia, que solo obedecen órdenes políticas, pero también con la colaboración de otros actores políticos que en su momento serán desenmascarados por traicionar al pueblo de Santa Cruz”, agregó la legisladora.
Para la diputada de oposición el proceso irregular de adjudicación, al cambiar el ítem de mates a cables, se constituye en un delito administrativo, “pero haber comprado una cámara con las mismas características de la que se encontró en la celda del gobernador Luis Fernando Camacho, violando su intimidad, su derecho a la privacidad y los derechos humanos de él y su familia, solo tiene el calificativo de cobardía y terrorismo de Estado”.
Álvarez anunció que pedirá informes al Ministerio de Economía y el Ministerio de Gobierno para establecer responsabilidades en este caso.
CÁMARA
El 26 de enero de 2023, el abogado Martín Camacho, que patrocina al gobernador de Santa Cruz, informó que la autoridad encontró una cámara de video oculta en su celda.
“Lo que nos informó es que la cámara estaba escondida en la pared; él destrozó el lugar y encontró la cámara y ahora lo tiene en su poder”, dijo el jurista en la oportunidad.
Días después, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, manifestó que no se evidenció cámaras en la celda del gobernador de Santa Cruz, quien está detenido preventivamente, y que tampoco evidenciaron “cableados” o conexiones, como denunció la defensa de Camacho.
“El privado de libertad ha realizado destrozos al interior de la celda que la familia ha visto, ha revisado y ha constatado cuando se estaban haciendo los arreglos y adecuaciones correspondientes”, dijo Limpias.
También recalcó que Camacho fue sacado de su celda luego de realizar la denuncia de que había una cámara oculta en su habitación por “recomendaciones de los médicos”, para “resguardar su salud” y también para que el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizaran las investigaciones.
“SECUESTRO”
El 28 de diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz, fue interceptado por agentes de la Policía, cuando pretendía ingresar a su domicilio. Se supo que la autoridad fue aprehendida y luego obligada a subir a un automóvil policial. Testigos aseguraron que los uniformados encañonaron y golpearon a Camacho.
Desde 2021, Camacho estaba siendo investigado por la Fiscalía dentro del caso denominado golpe de Estado, por la crisis política de 2019.
“No sabemos exactamente qué tipo de operativo es, solo sabemos que fue secuestrado. Lo sacaron de su vehículo. Rompieron el vidrio del motorizado y ahora lo están llevando a Viru Viru”, señaló, en la oportunidad, el abogado de la autoridad, Martín Camacho.
Después de horas sin saber el paradero de Camacho, el abogado que lo patrocina denunció que su cliente fue notificado con su orden de aprehensión en Chimoré, Cochabamba, mucho después de haber sido secuestrado en Santa Cruz y obligado a abordar un helicóptero.
“En ningún momento se le muestra el documento para indicarle bajo qué circunstancias, bajo qué orden se lo está aprehendiendo. Lo trasladan hasta Chimoré, ahí recién le exhiben la orden de aprehensión y se le obliga a firmar el documento (de la orden de aprehensión)”, denunció, en audiencia virtual de recurso de incidente procesal, el abogado Carlos Ledezma.
El Gobierno aseguró que cumplieron y respetaron todos los pasos del debido proceso; sin embargo, la defensa de Camacho negó esa versión y demostró que lo notificaron después de aprehenderlo.
“Respecto de que se le habría mostrado la orden de aprehensión el 28 de diciembre es falso, no se cumplido los requisitos estamos frente a una ilegalidad”, argumentó el jurista.
El fiscal que investiga el caso denominado “golpe de Estado I”, Omar Mejillones, reiteró que la orden de aprehensión se hizo bajo el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal que señala que ese ejecuta la orden a la falta de declaración informativa, conducta reticente y no haber asistido a declarar.
“El hecho de que habría existido el uso de la fuerza policial en contra de la defensa de Luis Fernando Camacho, privándole de la libertad, de que existiría un exceso, el Ministerio Público no tiene conocimiento de estos excesos de los funcionarios policiales, tampoco hay un certificado médico que señala que no tienen herida”, argumentó el fiscal al final de su intervención.
Este medio de comunicación buscó la versión del Ministerio de Gobierno, nos dijeron que se emitiría un comunicado al respecto, pero hasta el cierre de edición no sucedió ello.
