El 1 de marzo de 2023, la diputada de oposición, Toribia Lero, presentó el proyecto de minuta de comunicación dirigida a Daniel Chocotea Torrejón y otras autoridades originarias del Ayllu Puraca Layme del municipio de Uncía, del departamento de Potosí, quienes el 25 de febrero de 2023, resolvieron la expulsión de Martín Choque Condori, por retirar la silla a Evo Morales.
“El sábado 25 de febrero de 2023, autoridades originarias del ayllu Pucara Layme, del municipio de Uncia, se reúne de emergencia para tratar lo sucedido el 23 de febrero (retiró la silla a Evo Morales en un acto cultural que pretendía convertirse en proselitista), mediante el voto resolutivo el ayllu se pronuncia contra el señor Martin Choque Condori: 1. La expulsión definitivo del ayllu Puraca Layme. 2. Destitución de su Cargo dentro del Gobierno Autónomo Municipal de Uncía (Director de Cultura), en 24 horas. 3. Vetado de todo cargo. 4. Tiene que desmentir a todos los medios de comunicación local, regional, nacional hasta Internacional”, señala la parte de antecedentes del proyecto al que EL DIARIO tuvo acceso.
El documento hace referencia a que si bien la justicia indígena originaria campesina goza de igualdad jerárquica conforme establece el artículo 179 de la Constitución Política del Estado (CPE), también ésta jurisdicción tiene límites, tanto en la carta magna como en los tratados internacionales ratificados por el Estado Boliviano.
En ese marco, el proyecto de minuta de comunicación recomienda a Daniel Chocotea Torrejon y otras autoridades originarias dejar sin efecto el voto resolutivo 001/2023 de fecha 25 de febrero de 2023, siendo que esta vulnera el derecho al debido proceso consagrado en la CPE.
También recomienda emitir nueva resolución respetando los derechos y garantías Constitucionales, y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Boliviano.
Asimismo, en una conferencia de prensa, Lero, recordó que desde 2009, Bolivia se constituyó en un Estado Plurinacional, a partir de ahí reconoce los derechos de los pueblo indígenas.
En 2016, el gobierno de entonces instó a la Organización de Estados Americanos a aprobar los derechos de los pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica.
El 2017, el gobierno insta la aprobación de un plan de acción para que todos los países de Latinoamérica implementen los derechos de los pueblos indígenas.
“El gobierno que desde hace 17 años atrás se proclama ser un gobierno indígena y además que campea a nivel internacional señalando ser defensor de los pueblos indígenas, sin embargo vemos casos como los de Martín Choque, César Apaza, defensores del Tipnis y otros, donde sus derechos están siendo gravemente vulnerados, no hace nada”, advirtió.