Raúl Ruiz Roca
Parlamentarios chilenos manifiestan que nuestro Estado no quiere llegar a un acuerdo para reconducir migrantes indocumentados, siendo un problema complicado que tiene su origen en otros países y que se constituye en un tema de estudio complejo que requiere ser abordado de diferentes ángulos y que necesita la intervención de instancias internacionales en materia migratoria, buscando soluciones mancomunadas con los países requeridos por el umbral del problema, no siendo Bolivia la causa principal de los desplazamientos migratorios. Pero las acusaciones van más allá, indicando que todo esto tiene relación directa con los intereses marítimos que tenemos con Chile. Esto conlleva a pensar que Chile quiere relacionar según su conveniencia los temas controversiales con Bolivia, para que tengan una connotación relacionada con nuestro Derecho irrenunciable de volver a las costas del Pacífico. Ello me hace afirmar de manera elocuente y a viva voz, para que entiendan bien, que no es una aspiración de los bolivianos, es un Derecho y refrendaremos, las veces que sea necesario, que “Bolivia jamás renunciará a su Mar”.
Cualquier acuerdo al que se llegue debe ser trabajado sobre la base de la integración y respeto, con un análisis bilateral e internacional, porque no se puede, de manera unilateral, con el pretexto de la seguridad fronteriza, violentar los derechos humanos y el Tratado de Paz y Amistad de 1904 en contra de Bolivia.
Dicho Tratado y sus Protocolos Complementarios, establecen que los bienes bolivianos, cualquiera sea su naturaleza o destino, que pasen por territorio chileno, tanto en tránsito como en importación o exportación, no estarán sujetos a impuestos ni a contribuciones de ninguna clase, gozarán de la libertad de tránsito a través del territorio chileno y pasarán libremente sin interrupción alguna.
El control militar a los migrantes y camiones bolivianos, en la ruta hacia Arica, en Colchane, Huara y otros en Chile, se lo puede interpretar como una restricción al libre tránsito comercial establecido en el Tratado de 1904. Dicha acción la justifican con motivos de seguridad por delitos propios fronterizos, lo que implica retrasos indebidos, inspecciones excesivas que limitan la libertad de tránsito comercial en circunstancias extremas. Cualquier medida que restringe el libre tránsito comercial de los productos bolivianos debe ser coherente con los términos del Tratado de 1904 y no puede ir más allá de lo que es estrictamente necesario para cumplir con los objetivos legítimos del control fronterizo. Los productos bolivianos deben gozar de la libertad de tránsito a través del territorio chileno y ser exentos de todo impuesto, lo que en la práctica no se cumple debido a los cobros institucionales estatales y de concesiones privadas de diferentes instancias locales chilenas. El Tratado de 1904 establece que los bienes bolivianos que transitan por el territorio chileno deben ser tratados en igualdad de condiciones que los bienes chilenos y que no deben ser sujetos a impuestos ni cargas adicionales, por lo que las inspecciones que se lleven a cabo en Chile deben ser sin discriminación, sin imponer cargas y controles adicionales a los bienes bolivianos.
Algunos políticos chilenos tienen la mala costumbre de imponer sus estrategias políticas unilaterales y centralistas en contra de Bolivia, de manera coactiva y por la fuerza, queriendo presionarnos equivocadamente y someternos a sus intereses, aprovechándose de la dependencia que tenemos de sus puertos, no siendo la primera vez que se realiza este tipo de acciones.
Estas acciones unilaterales sólo están provocando un harakiri a la economía chilena, que afecta también al comercio de Bolivia, porque no han tomado en consideración el factor económico del norte chileno que vive del tránsito y comercio boliviano por el uso de la Zona Franca y Puertos, los que se verán afectados por esta medida. El control por parte de Chile también debe ser ecuánime para las exportaciones de Chile hacia Bolivia, correspondiendo a la República de Chile asumir con valor su parte de responsabilidad por el contrabando, falsificación, lavado de dólares, lavado de activos, entre otros.
Abog. MSc. DAEN Raúl Ruiz Roca, Director del Centro de Investigación CINDEPRO y ex Cónsul de Bolivia en Iquique, Chile.