La Fiscalía de Potosí decidió la designación de un perito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que sea éste el que defina si hubo delito o no en la compra de las 41 ambulancias que realizó la Gobernación de Potosí, los denunciantes denunciaron que la medida se trata de una estrategia para salvar la responsabilidad del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani.
“Nosotros estamos muy extrañados porque entendemos que hay la suficiente prueba para poder establecer de que se han cometido ilícitos y no solamente uno, sino muchos. En este proceso ha habido falsedad material, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado y otros ilícitos más, pero lo extraño es que el Ministerio Público le está dando la responsabilidad a un perito porque el pedido es si en el proceso de licitación y adjudicación hubo irregularidades o delitos”, denunció el asambleísta Oswaldo Flores en contacto con la ANF.
En enero de 2022 se publicó la denuncia en contra del gobernador de Potosí, quien sería el responsable de la compra de 41 ambulancias para luchar contra el covid-19.
La Fiscalía potosina demoró todos los actuados desde un principio. En octubre de 2022 se presentó la imputación contra el Gobernador, pero no pidieron su detención; en diciembre, dos meses después, aceptaron el levantamiento de la detención domiciliaria que tenía la primera autoridad del departamento. Ahora intenta salir del caso con un informe pericial.
La presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, en contacto con la ANF, recordó que esta no es la primera vez que la Fiscalía utiliza la misma estrategia para liberar de responsabilidad a los culpables y dijo que ya hubo un caso de unas máquinas de tejer que no servían y pasaron como nuevas.
“En un momento se entregó a las juntas vecinales máquinas de tejer viejas, cuando (William) Cervantes era alcalde del Movimiento al Socialismo. ¿Qué ha sucedido? Han utilizado peritos y luego los peritos han indicado que las máquinas eran nuevas y el caso ha quedado en la nada, esa es una forma de operar de la justicia en Potosí”, denunció la cívica regional.
Según la explicación de Oswaldo Flores, ellos, como parte del proceso, fueron notificados en sentido de que se designaría a los peritos del IDIF que analizarían todo el caso, aunque la investigación ya estableció responsabilidades en una decena de funcionarios de la Gobernación, además de la primera autoridad y del secretario jurídico de ese despacho.
El asambleísta también recordó que el propietario de la empresa Stefals Logistics, Luis Humberto Huanca Torrez, de 26 años, está detenido preventivamente en el penal de San Pedro en La Paz, acusado de otros delitos que no tienen nada que ver con la compra de las ambulancias. (ANF)