Régimen de Maduro tiene plan de encarcelar y torturar a opositores

En un lapidario escrito fechado el 30 de marzo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió a los argumentos presentados por el régimen de Maduro, que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
El régimen insiste en que la Corte no tiene competencia para juzgar y afirma que Venezuela investigó y enjuiciado los presuntos crímenes o lo está haciendo actualmente. La dictadura, además, acusó a la fiscalía de la CPI de tener vínculos con organizaciones no gubernamentales.
El Fiscal Karim Khan ratifica que existe una base razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento.
En su investigación, la fiscalía de CPI afirma que desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron posiblemente torturados; y más de 100 podrían haber sido sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación.
Para la Fiscalía, no se trata de temas aislados, la investigación también concluyó que la comisión múltiple de estos actos constituía un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado, sistemático y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela
En el escrito, Khan recuerda que se encontró base razonable para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas a una amplia gama de actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual. Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico.
La Corte de La Haya no tiene en la mira solo a Maduro, lo que investiga es un plan sistemático ordenado por el dictador pero ejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave del estado venezolano: Ministros del Ejecutivo nacional, mandos de la Policía Nacional Bolivariana, del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) entre otros.
A partir de abril, la Sala de Cuestiones Preliminares decidirá sobre la continuación del proceso. (Infobae).