Con la misma pertinacia, destreza y técnica que los asaltantes visitan una entidad bancaria para desvalijarla, una Comisión Internacional de Derechos Humanos acaba de llegar, por tercera vez a nuestro país, bajo el subterfugio de velar por esa humanitaria, como noble tarea, empero, no tardaron ni un día para exponer su verdadero cometido, el de desagraviar a los vocales electorales señalados por la OEA, como responsables del fraude monumental realizado el 2019, motivo suficiente para que miembros del Gobierno masista interpreten dicho evento, como un aval de que en Bolivia hubo un “golpe de Estado” y no un “fraude”
Sin embargo, lo más risible del hecho fue la cínica declaración del relator o jefe de esa banda, Joel Hernández, al aclarar que su participación en dicho acto de desagravio fue de “buena fe” y no compromete la independencia e imparcialidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más bien señaló, ha permitido advertir la polarización en la que está sumida la sociedad boliviana, por lo que hace un llamado al diálogo para sanar las heridas que todavía existen.
De tamaño acto de coimición, los bolivianos debemos dejar muy en claro que este señor, al haber actuado como un vulgar agente político del gobierno del provecto presidente mexicano, Andrés López Obrador, no puede seguir siendo el relator para Bolivia, y menos nuestro país debería permitir que siga en esa función.
Entretanto, mientras la “comisión internacional de derechos humanos” cumplía su encomienda de desagraviar a los tramposos vocales electorales del 2019, en la hacienda Santagro, del departamento de Santa Cruz, dos muertos y varios heridos era el luctuoso saldo que dejó una gavilla de avasalladores que, no contentos con ello, se dieron a la tarea de robar a un equipo de prensa.
Finalmente, y como si de la voz de los “Iluminati” se tratara, la Comisión de Derechos Humanos concluyó en que la polarización en Bolivia se profundizó desde 2019, por ello convocaron a la sociedad a sanar heridas y a buscar la reconciliación. No mencionan el nombre de una expresidenta constitucional de la Nación, como si ella ya se hubiese muerto, tampoco nombran al Gobernador de Santa Cruz secuestrado y encarcelado arbitrariamente en Chonchocoro, menos, obviamente, aluden a don Marco Antonio Pumari que, al igual que los anteriores ciudadanos guardan “prisión preventiva” desde hace mucho tiempo, hasta concluir, como Dña. Elvira Parra, ex directora del Fondo Indígena, que salió de la cárcel después de casi ocho años de reclusión preventiva y con 180 juicios todavía no concluidos.
Sin ánimo de recargar funciones a los burócratas de la CIDH nos permitimos sugerirles la elaboración de una lista de todos los bolivianos que se encuentran purgando arbitrarios y discrecionales encarcelamientos, a fin de que, en un próximo futuro, si les da el cuero y la vergüenza permite, vuelvan a Bolivia para desagraviarlos. De no hacerlo, corren el peligro que vayan a integrar una nueva pega, que sería la Comisión de Izquierdos Humanos.