Al igual que periodistas, el Comité pro Santa Cruz también cuestiona el proyecto de ley 305 de “Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”, promovido por el Gobierno, debido a que advierte que busca implementar delitos penales para “eliminar” a la oposición.
“Esta iniciativa del Gobierno busca implementar delitos penales a efectos de hostigar, controlar y perseguir con objeto de eliminar a la oposición civil que tenemos en el país, utilizando discriminación y odio con redacciones confusas y ambiguas para dejar abiertas las interpretaciones absurdas”, advierte el pronunciamiento de los cívicos cruceños.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, sostuvo que tanto la discriminación y odio son ambiguas en el proyecto de ley, similar a lo que ocurre con el delito de terrorismo.
“Cualquier ciudadano que emita criterio de acuerdo a la libre expresión, puede ser fácilmente juzgado por odio o discriminación”, advirtió Larach e indicó que, en ese sentido, todos los bolivianos corren peligro.
Acotó que este proyecto de ley tiene el fin de “cercar” a todos los que piensan diferente, a través de los dos tipos penales que se busca incorporar.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, también expresó su rechazo a ese proyecto de ley, debido a que especifica los tipos penales de odio y racista para reporteros y para dueños de medios de comunicación, siendo que ya está en vigencia la Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, que se aplica para todos los bolivianos.
En el citado proyecto de ley, en su parágrafo III del artículo 281 Septies (Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación), se propone que “cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
En este borrador de norma se plantea que la Asamblea incorpore este artículo al Código Penal con las siguientes características: “Será sancionada con pena privativa de libertad de tres (3) a siete (7) años la persona que por cualquier medio: difunda ideas basadas en la superioridad racial; promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación; pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios, d) incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios”. (Brújula Digital).
Cívicos se suman al rechazo
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