Proyecto de ley 305 es calificado como “mordaza” y genera rechazo

Asegurando que desde el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se intenta agravar las penas en base a cualquier denuncia, legisladores de oposición señalaron que la verdadera intención detrás de normativas como el proyecto de ley 305 trata de infundir miedo en políticos y periodistas para producir autocensura y generar mayor persecución.
El principal cuestionamiento de opositores y gremios de la prensa es que mediante el tratamiento del proyecto de ley para el “Cumplimiento a compromisos internacionales en materia de derechos humanos” existe la posibilidad de que esta normativa se constituya en un nuevo instrumento de amedrentamiento y persecución en contra de opositores y periodistas.
Para el diputado por Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, la intención detrás de esta iniciativa es el provocar la autocensura y de esta forma, tener una especie de control sobre la información y las denuncias efectuadas por legisladores mediante medios de comunicación.
“Lo que estamos viendo es que el Gobierno está buscando maximizar penas en base a cualquier denuncia, para amedrentar e incluso producir la autocensura en cualquier ciudadano, representantes o autoridad electa”, dijo.
Apuntó que este posible “endurecimiento” de normativas anticipa un recrudecimiento de la persecución política en momentos en que las protestas sociales tienden a incrementarse debido la crisis económica y una deficiente gestión en la administración del país.
“La autocensura es característica de los gobiernos autoritarios, que bajo las leyes tratan de producir miedo para evitar que la gente opine o exprese su versión de la realidad. Es totalmente censurable que un gobierno trate de infundir miedo en las personas”, sostuvo.
Sobre este tema, el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa Gisbert, aseguró que los criterios expresados en el cuestionado proyecto de normativa corresponden a un nuevo intento del masismo para atentar contra la labor de la prensa, por lo que desde esta organización política se rechaza su contenido y las intenciones de usarla como un instrumento para la persecución.
“Como periodista y presidente de Comunidad Ciudadana, rechazo el nuevo intento del Movimiento al Socialismo de criminalizar y acallar a la prensa a través de una ley mordaza. Nos oponemos a que este proyecto de ley sea aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque violenta los principios democráticos de nuestra Alianza”, sostuvo el exmandatario desde sus redes sociales.
Desde la alianza Creemos, el senador Erick Morón, lamentó que nuevamente se intente acallar a la prensa y a todos los que piensan diferente “tenemos que ser perseguidos políticos, tenemos que ser enjuiciados”, abriéndoles procesos por ganancias ilícitas o quitando el micrófono al periodismo para que los opositores no se manifiesten e incluso los medios de comunicación ya no puedan verter opinión alguna, silenciando así al pueblo boliviano y dirigiéndonos a una campaña electoral 2025 donde nadie pueda opinar de forma diferente al modelo actual del Gobierno.
“Nosotros no queremos vivir en dictadura y en el país no se permitirá que se consolide el sistema dictatorial del masismo porque los bolivianos quieren vivir en libertad y en democracia”, advirtió Morón.
En criterio del senador, lo que hace el gobierno con las recomendaciones de organismos internacionales es “de terror”, ya que con ello tratan de consolidar su discurso de Golpe de Estado y terrorismo cuando las recomendaciones internacionales prácticamente anulan ello y que tenga que haber acción penal.
Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, minimizó los cuestionamientos expresados por opositores y manifestó que el polémico anteproyecto de ley se encuentra en etapa de socialización y análisis, pese a que no se trata de una normativa con características nuevas para la legislación nacional.
“Desde el año 2010 en la ley 045 (Contra el racismo y toda forma de discriminación) esta lo que recoge este proyecto, son 13 años que esta ley está en vigencia y coincide con además con la Ley de Imprenta de aquel gobierno. La CIDH en su informe preliminar ha determinado que existe una amplia libertad de expresión para el trabajo de los periodistas, así como el derecho a la comunicación y la información”, dijo.
Indicó que el actual Gobierno es respetuoso de la libertad de expresión, del derecho a la información y a la comunicación, sin embargo, también se debe garantizar el derecho a la calidad de información.
Por su parte, el titular de Justicia, Iván Lima, señaló que todos los cuestionamientos expresados por la oposición y los gremios de la prensa, no afectan el trabajo de los medios y solo se trata de un artículo destinado a evitar la difusión de discursos de odio.
“Toda la crítica del comunicado de los periodistas no tiene una base fáctica, porque no se ha cambiado en la actual redacción la del 2010 correspondiente a la “Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación”, expresó la autoridad.