Gobierno insiste que Ley 280 será primero socializada

Ante la ola de cuestionamientos emitidos por diferentes sectores de la población contra el tratamiento del Proyecto de Ley de Lucha Contra Legitimación de Ganancias Ilícitas, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó que la polémica norma no será tratada mientras no se concluya con su respectivo proceso de socialización.
En conferencia de prensa, la autoridad reiteró que en la actualidad se trabaja en la socialización del polémico proyecto de Ley, “vamos a socializar con todos los sectores antes de imponer alguna normativa que pueda generar susceptibilidad en los distintos gremios”, indicó Alcón.
Afirmó que esa fue la posición determinada por el Ministerio de Justica y precisamente el motivo para postergar su tratamiento en la Comisión Legislativa esta semana.
“Esa ha sido la posición que ha tomado el Ministerio de Justicia sobre este tema y precisamente está en etapa de socialización, es en lo que se está trabajando”, manifestó.
Finalizó señalando que el principal interés en la aprobación de la Ley 280 está en contar con un instrumento para luchar contra la corrupción, el terrorismo y otros tipos de delitos transnacionales, “no estamos buscando ni queriendo atacar a transportistas gremiales y otros sectores”, dijo.
Esta semana, representantes del sector gremial se declararon en estado de emergencia anunciando movilizaciones simultáneas en todo el país frente al tratamiento del proyecto de ley 280, de “Fortalecimiento de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, debido al peligro de cárcel para toda la población organizada.
La diputada supraestatal representante de este sector, Clotilde Padilla, señaló que toda la población se encuentra en peligro, “no sólo los gremiales sino todos los sectores. El sector gremial nos manejamos orgánicamente con ampliados, cualquier ampliado que se determine realizar va a decir el Gobierno que es reunión de terrorismo”, advirtió.
La legisladora realizó esta alerta luego de que el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, suspendiera la sesión a solicitud del ministro de Justicia, Iván Lima, quien debía defender la consistencia del proyecto de ley 280.
Padilla, insistió en que este proyecto de ley que debe ser rechazado, pero el planteamiento no se trató por imposición del oficialismo, siendo que la posición del sector gremial es clara, en sentido de exigir se archive el proyecto de ley.
De igual forma, miembros de la bancada de Creemos denunciaron ante el Grupo de Acción Financiera y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica que el gobierno del Movimiento al Socialismo, busca de forma continua la implementación de estrategias de hostigamiento, control y persecución con el objetivo de eliminar a la oposición política y civil, en este caso utilizando como pretexto políticas y recomendaciones propias de este organismo, para generar e intensificar el totalitarismo en Bolivia apoyándose en una Justicia corrupta, parcializada y con color político que no asegura la vigencia del Estado de Derecho.
Mediante una carta remitida a T. Raja Kumar, presidente del GAFI y al presidente de Gafilat, Jorge Omar Chediak González, Creemos denuncio que en el país se pretende restringir derechos fundamentales de los ciudadanos, como ser el derecho a la protesta, y crear la impunidad judicial, pretendiendo aprobar leyes que van en contra de los principios, derechos y garantías constitucionales, bajo preceptos legales que no buscan la lucha contra el terrorismo.
“Se pretende restringir derechos fundamentales como ser el derecho a la protesta y crear la impunidad judicial, más aún cuando Bolivia desde hace mucho tiempo atrás atraviesa una crisis judicial, siendo que el Órgano Judicial no cuenta con la transparencia y la independencia, lo cual hace urgente que se pueda establecer una verdadera y profunda reforma judicial”, señala parte de la carta.
Los parlamentarios de Creemos fundamentaron su denuncia en la forma que el oficialismo pretende, una vez más introducir artículos atentatorios a los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos a través de la reposición del proyecto de ley N° 218, ahora como proyecto de ley N° 280 que ya fue rechazado por la ciudadanía en gestiones pasadas, por lo que tuvo que ser retirado antes de su tratamiento legislativo.