El Poder Legislativo, tal como lo conocemos, tiene las siguientes atribuciones: dictar, derogar, abrogar, modificar y fiscalizar. Aunque la última de estas atribuciones parece carecer de importancia porque los cuerpos legislativos se ocupan principalmente de legislar, la tarea de fiscalización es fundamental. En Bolivia, no solamente es una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las dos cámaras que la conforman, sino también de las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales. Hace unos días fueron conocidas las denuncias de corrupción del Sindicato Mixto de Trabajadores de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías, con CITE: SINDEMAVIAS/027/23, remitidas al alcalde Iván Arias Durán y recibida por el municipio el 8 de febrero de 2003.
Entre las denuncias se incluyen nombramientos ilegales, usurpación de funciones, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, ejercicio indebido de la profesión, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado, entre otras. También se citan y resumen los procesos instaurados y se señala que se encuentran congelados en la unidad de transparencia que depende del Ejecutivo Municipal. ¿Por qué? La respuesta es simple: los concejales del oficialismo (la bancada mayoritaria) tienen a gente cercana en cargos del ejecutivo municipal y esto impide el trabajo fiscalizador del concejo. Un concejo que se encuentra en escándalos desde declaraciones de independencia de sus miembros e imputados por la ordenanza municipal 046. No podemos olvidar el caso de violencia política que se encuentra en la justicia y el pedido de curul de uno de los concejales por su partido.
Con resiones suspendidas por inasistencia, licencias y abandonos, el Concejo Municipal de La Paz nos muestra que es incapaz de dar gobernabilidad al gobierno de la ciudad y cumplir con sus funciones, como la fiscalización. Ante esta realidad inminente, son los parlamentarios de La Paz quienes han tomado la labor fiscalizadora. El detonante para que asuman este papel fue la ordenanza de construcciones irrestrictas (046). Los problemas acarreados por la ordenanza terminaron en una lenta abrogación y hoy estamos a puertas de una nueva ley de regularización de edificaciones fuera de norma. Desafortunadamente, no hay concejales como Morón y Saavedra que realicen una interesante labor fiscalizadora en la capital cruceña. Incluso éste último, tras unas encuestas dadas a conocer, goza de apoyo para ser el próximo edil cruceño.
La fiscalización es una labor importante y es necesario que se realice mediante peticiones de informes escritos para tener constancia del trabajo de las autoridades en cualquier nivel del Estado y darles el seguimiento correspondiente. Los manejos de las instituciones públicas deberían ser transparentes, aunque esto es muy difícil e incluso casi imposible. Por tal razón, la labor fiscalizadora es valiosa porque es la entrada a la transparencia y al conocimiento del trabajo que realizan las instituciones del Estado. Un sistema de pesos y contrapesos, como lo es la democracia y la separación e independencia de poderes, se supone que son fundamentales en el sistema de gobierno en el que vivimos.
En un país contradictorio como el nuestro, nos llama la atención que las exautoridades del gobierno de Evo Morales cumplan con rigor la fiscalización al gobierno del presidente Luis Arce. Los presuntos hechos de corrupción denunciados y ocurridos en YPFB, con datos oficiales tanto de la empresa estatal de petróleos como del Instituto Nacional de Estadística, son una muestra más del trabajo fiscalizador y que debería ser considerada por la oposición, no solo parlamentaria, sino también en los gobiernos subnacionales. La oposición al gobierno del MAS es el mismo MAS, lo que demuestra su conocimiento de la administración y el manejo del Estado.
Fiscalizar es una palabra que debería resonar en todos los órganos legislativos del Estado. Buscar, preguntar, solicitar informes por escrito y realizar el correspondiente seguimiento son tareas que parecen simples y sencillas, pero que requieren horas de trabajo y que son fundamentales en un país poco transparente como el que vivimos, ya que nos permiten conocer el desempeño de las autoridades del país.
El autor es politólogo.