Gobierno retoma “mordaza” que Morales intentó imponer en 2010

Ante nuevos intentos del gobierno del presidente Luis Arce Catacora, a través de sus ministros de la Presidencia, Marianela Prada, y de Justicia, Iván Lima, para replantear la amenaza y amedrentamiento contra la prensa de Bolivia, retomando la mordaza judicial contra los medios de comunicación, de la misma forma en que se intentó durante el régimen de Evo Morales en 2010, diferentes sectores y gremios de la prensa coincidieron en que se trata de una estrategia para atentar y penalizar su trabajo.
La pasada semana, opositores denunciaron que desde el Ejecutivo se remitió el proyecto de ley 305 “Ley de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, misma que actualmente se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
En uno de sus preceptos plantea la modificación del Art. 281 del Código Penal con la inclusión de la figura de “Difusión e incitación al racismo o a la discriminación”, que apunta directamente contra los periodistas con la amenaza de tres a siete años de cárcel, “Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Inmediatamente, sectores del gremio como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) emitieron un pronunciamiento para rechazar esa disposición atentatoria contra la libertad de expresión.
“Denunciamos que la referida ley 305, es otro intento de imponer una “ley mordaza”, con la única intención de coartar la libertad de prensa y amedrentar a las y los periodistas que según la Ley de Imprenta no pueden ser juzgados en tribunales ordinarios sino por Tribunales de Imprenta”.
En tanto, el ministro de Justicia salió al paso para tergiversar el comunicado del gremio informativo al decir que esa “crítica” llegaba 13 años después, cuando se aprobó la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 045.
“La crítica del gremio periodístico llega casi 13 años después, porque ese artículo citado en el comunicado ha sido aprobado con la Ley 045 el año 2010. Esa norma a la que se refiere es una modificación que se hace a las reglas de discriminación, de racismo, a las reglas que buscan que en el país tengamos una convivencia armónica”, declaró Lima en declaraciones a un medio televisivo.
Lo que la autoridad no reflejó es que el proyecto de Arce establece hasta siete años de cárcel para los trabajadores de la prensa, a diferencia de la Ley 045 que dejó las sanciones para los periodistas, a consideración de los referidos Tribunales de Imprenta.
Durante la aprobación de la Ley 045, el régimen de Morales, mediante la entonces diputada Marianela Paco, que fungía como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, impulsó el proyecto del diputado Jorge Medina, modificando por completo el documento inicial e incluyendo dos artículos que la prensa calificó entonces como los “artículos mordaza”.
El Art. 16 citaba: (Medios de comunicación) “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”.
Por otro lado, el Art. 23, era totalmente ambiguo y abierto a interpretación sobre los “delitos contra la dignidad” y en su redacción estipulaba cárcel de uno a cinco años para “la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación, o incite a la violencia, o a la persecución, de personas o de grupos de personas, fundadas en motivos racistas o discriminatorios”.
En ese entonces, la pretensión del régimen de Morales fue denunciada y resistida por la prensa de Bolivia que unió a sus organizaciones, incluidos casi todos los sindicatos de trabajadores, en rechazo a esos “artículos mordaza”.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), las asociaciones departamentales, resaltando la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) que se convirtió en la sede de la resistencia, la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) hicieron un solo frente de lucha que incluso llegó con una inédita marcha nocturna hasta plaza Murillo.
El 7 de octubre de 2010 las tapas de 16 medios impresos del país salieron con sus páginas en blanco y la leyenda “No hay democracia sin libertad de expresión”.
Quedó al margen la Federación de La Paz, entonces dirigida por un trabajador ligado al MAS, y los medios La Razón y ATB que ya marcaban su inclinación política a favor del “proceso de cambio”, así como algunos periodistas que apoyaban la Ley 045 y que hoy son abiertamente opositores.
La Ley 045 fue promulgada el 8 de octubre de 2010 por Morales Ayma y hubo el compromiso para que la reglamentación deje de lado el carácter penal contra los periodistas y se respete la Ley de Imprenta vigente desde 1925 y los Tribunales de Imprenta como mecanismo de “autoregulación”.
Asimismo, en el Decreto Supremo 0762 se incluyó un capítulo de faltas y sanciones para los medios informativos y la “difusión sistemática” de contenidos racistas o discriminatorios, con multas ascendentes y la inhabilitación con un máximo de un año como “sanción de tercer grado” para la empresa de comunicación.
A pesar de todos los cuestionamientos y denuncias por los nuevos intentos de imponer normas denominadas “mordaza”, este fin de semana, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señalo que el Gobierno garantiza el trabajo de la prensa y que las iniciativas cuestionadas solo agravan las penas en caso de racismo y discriminación, sin afectar a los medios de comunicación.
“El objetico es mejora nuestras acciones en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación evitando los discursos de odio que además, son recomendaciones y compromisos que tenemos a nivel de estado con Naciones Unidas y otros organismos”, dijo.
La autoridad precisó que la intensión en normativas no es la de vulnerar el trabajo de los periodistas, por el contrario existe plena predisposición para escuchar las inquietudes de todos los sectores y gremios que se consideren afectados por estas leyes.