La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), se declararon en emergencia ante el tratamiento del proyecto de Ley 305 “Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”. Por ello, enviarán una carta al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, para que se tome en cuenta el pedido de eliminar el artículo 281 de dicha norma.
Ambas organizaciones, en una conferencia de prensa conjunta, rechazaron el artículo 281 del proyecto de ley, porque afecta la libertad de prensa, anula la Ley de Imprenta y amenaza a los periodistas con penas de cárcel.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda, señaló que se está nuevamente frente un “intento del Gobierno de acallar las voces, es un nuevo intento de afectar al periodismo. Nuevamente hay penas de cárcel para los periodistas por situaciones que afectan a toda la sociedad boliviana. La manera ambigua como está redactada la norma nos pone a todos en riesgo”.
Argumentó que el artículo 281 del proyecto de Ley 305 es mucho más grave, “para un juez será más fácil acusar a un periodista porque ya no tiene que demostrar que tenemos un motivo o móvil al momento de hacer una acusación sobre una supuesta información racista o discriminadora”.
Por su parte, la dirigenta de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz Carmiña Moscoso, manifestó que no permitirán que el Gobierno una vez más pretenda aprobar normas que vulneran derechos fundamentales, en esa línea dijo se declararon en estado de emergencia y movilización permanente.
“Nos declaramos en estado de emergencia y movilización permanente, ante el riesgo de pretender acallar y penalizar la libertad de expresión (…) El sector de la prensa no permitirá (que sus afiliados) sean encarcelados”.
CARTA
La misiva está firmada por la ANPB, la Cstpb y las nueve Asociaciones de periodistas y exige que se elimine el párrafo III del artículo 281 del proyecto de Ley 305/2023 y que se excluya a las y “los periodistas de la figura penal de difusión e incitación al racismo o a la discriminación en el citado proyecto”, que según los gremios “suprime la garantía constitucional de los tribunales de imprenta”.
EMERGENCIA
En la conferencia de prensa también participó la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz que, en un comunicado, se declaró en emergencia y en una movilización permanente por el riesgo que conlleva la Ley 305 que, según sus ejecutivos, pretende acallar y penalizar la libertad de expresión.
“Anteriores gobiernos pretendieron imponer leyes mordaza a nombre de transparentar la información o suponer apoyar derechos políticos de turno, esta vez se pretende disfrazar el pisoteo a los derechos humanos, bajo el nombre de ‘compromisos internacionales’. Por todo ello, denunciamos a la población boliviana que la ley 305 no es otra cosa que penalizar el ejercicio profesional del periodismo, impedir la investigación y difusión de los hechos de corrupción ejercido por autoridades municipales, locales, departamentales y nacionales”, se lee en el comunicado.
ARTÍCULO 281
El artículo 281, “Difusión e incitación al racismo o la discriminación” establece que se sancionará con cárcel de hasta siete años de cárcel para quienes difundan ideas de superioridad, promueva el racismo o justifique toda forma de discriminación.
“Difunda ideas basadas en la superioridad racial; promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación; pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios; incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios”, señala cinco incisos del parágrafo I del proyecto normativo.
Mientras que el enunciado II de dicha norma determina que la sanción se agravará en un tercio en el mínimo y una mitad en el máximo. cuando el hecho sea cometido por un servidor público, será inhabilitado en uno y tres años. (EL DIARIO y agencias)