Periodistas marcharon ayer contra los intentos oficialistas de restringir la libertad de expresión, mientras el diputado proyectista del control de redes sociales, Juan José Huanca, anunció el retiro de su propuesta en una carta dirigida a la Presidencia de la Cámara de Diputados.
“Tenía aceptación (nuestro proyecto), pero al mismo tiempo entendemos que genera polémica, ha sido motivo de especulación, tergiversación de la información, por eso es que nosotros, estratégicamente, para no empañar, para no dar argumentos a estos grupos reactivos que están permanentemente buscando la desestabilización, es que retiramos de forma objetiva y concreta nuestro proyecto”, dijo el diputado desde Tarija.
Ayer periodistas de diferentes ciudades marcharon contra el proyecto de regulación de redes sociales y contra el incremento de la pena privativa de libertad para periodistas de cinco a siete años, por la difusión de mensajes que sean considerados racistas.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios, rechazó el proyecto de control de contenidos en redes sociales, el pasado 25 de marzo, al advertir una abierta censura previa y por ser contraria a los tratados internacionales y la Constitución Política del Estado (CPE).
El matutino cruceño señala que el proyecto del diputado Huanca fue el quinto intento del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), desde el año 2016, por controlar los mensajes de los ciudadanos emitidos a través de las redes sociales.
LA PAZ
En La Paz las asociaciones de periodistas nacional y departamental, además de los afiliados a la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), realizaron una protesta frente a Palacio de Gobierno, en la Plaza Murillo.
“¡Democracia sí, Ley Mordaza no!” manifestaron y exigieron la eliminación de los proyectos de ley mientras la Policía trató de desalojarlos sin éxito.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, y un grupo de maestros respaldaron el plantón de los periodistas.
El presidente de la APLP, Raúl Peñaranda, defendió la vigencia de la Ley de Imprenta y cuestionó el incremento de la sanción en la Ley Contra el Racismo que sugiere el encarcelamiento de periodistas. “Esta es una ley violatoria contra los derechos de los periodistas y de la ciudadanía, la cual se informa gracias al trabajo de los periodistas”, dijo.
SANTA CRUZ
Los periodistas de Santa Cruz de la Sierra, ciudad amazónica y centro agroindustrial de Bolivia, protestaron frente a la Catedral de la plaza principal contra leyes que intenta aprobar el oficialismo y que son consideradas atentatorias contra la libertad de prensa y libertad de expresión.
“Destaco la unidad de la familia de periodistas, porque en la protesta participaron representantes de la Asociación, federación sindical y prensa deportiva, en rechazo a la pretensión de criminalizar la labor de prensa. Rechazamos el discurso de la viceministra Gabriela Alcón y del presidente Luis Arce, que ahora piden diálogo, pero antes sus correligionarios no tomaron en cuenta al gremio. Las movilizaciones van a seguir, hasta que se retire el proyecto de ley 305”, dijo Roberto Méndez Herrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, a la Unidad de Monitoreo de la ANP.
COCHABAMBA
Ante un nuevo atentado contra la libertad de expresión e intento de criminalizar la labor de la prensa, periodistas de Cochabamba protagonizaron ayer en horas de la tarde un plantón en la plaza 14 de Septiembre y llegaron en marcha hasta las oficinas de la Brigada Parlamentaria como parte de las movilizaciones convocadas por las organizaciones de los periodistas.
Con exclamaciones y carteles rechazaron enérgicamente el proyecto de ley 305 porque va en contra de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Imprenta y varios principios fundamentales protegidos por Tratados y Convenciones internacionales.
La norma propuesta que criminaliza la labor de los periodistas a título de luchar contra el racismo y discriminación, “dispone su enjuiciamiento en tribunales ordinarios e impone sanciones de tres a siete años de cárcel”, expresó la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cochabamba, Elizabeth Arrázola.
“No vamos a permitir que este y ningún gobierno atente contra la libertad de expresión, contra los derechos constitucionales”, anticiparon los periodistas.
La libertad de expresión no es patrimonio de un gobierno, ni de un país, es patrimonio de la humanidad…”, manifestó el ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la prensa de Cochabamba, David Ovando.