Yassir Molina, Mario Bascopé y Fabio Alejandro Bascopé, miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), fueron sentenciados a seis años de cárcel. En tanto, Milena Soto, Mario Salazar y Aida Loayza fueron absueltos, por los presuntos destrozos al inmueble de la Fiscalía General del Estado, en octubre de 2020 cuando pedían la renuncia de Juan Lanchipa.
Los seis miembros de la RJC fueron acusados por los delitos de porte o portación de armas de fuego, municiones y explosivos; daño calificado; y por impedir y estorbar funciones públicas, pero se descartó el delito de organización criminal.
La sentencia fue dictada ayer en Sucre por el juez de Sentencia Tercero en lo Penal, Emilio Pinto, y añadió que tanto Molina como los hermanos Bascopé cumplan condena, una vez ejecutoriada, en el penal de San Roque de la capital del Estado.
“Hoy he sido absuelta, estoy agradecida con Dios y con el pueblo cochabambino”, dijo Soto, que tenía arresto domiciliario en Cochabamba, pero aclaró que todavía tiene otros tres juicios en su contra por la resistencia realizada en Cochabamba durante la crisis política de octubre y noviembre de 2019.
“La Resistencia solo ha defendido al pueblo cochabambino y me enorgullezco por lo que pasé en 2019, por más procesos que nos metan lo volvería a pasar, porque la Resistencia se debe respetar y se debe respetar al pueblo cochabambino”, añadió la activista.
Sobre la figura de supuesta organización criminal, la defensa de Soto destacó que ese tipo penal, por el cual la Fiscalía buscaba hasta 20 años de cárcel para los jóvenes cochabambinos, fue descartado. “No ha existido ninguna organización criminal, la RJC nunca lo ha sido”, expresó.
JUICIO
El juicio por las protestas de la RJC en Sucre, se instauró en agosto de 2020. Los jóvenes fueron acusados porque realizaron un mitin en la sede del Ministerio Público, se quemó algunas llantas en la calle, se pintó una pared y puerta del edifico. Los daños se calcularon en cuatro mil bolivianos.
Afuera del juzgado se hizo presente un grupo violento afín al Gobierno, que interrumpió la audiencia de sentencia en dos oportunidades. Con arengas de “esto no es venganza, esto es justicia”, los posibles funcionarios públicos también reclamaban la pena máxima de 20 años en este caso, en coincidencia con el pedido del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y Procuraduría General.
El juez Pinto detalló el tiempo de condena de las tres figuras penales, tomando la de “daño calificado”, que tiene de uno a seis años de cárcel, como la pena mayor con cuatro años y añadió dos por el “concurso real”.
APELACIÓN
El abogado y asesor de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Jorge Valda, que patrocina a uno de los acusados, calificó de “injusta” la sentencia y anunció que apelarán la misma.
“La sentencia condenatoria será apelada, porque no se puede criminalizar una protesta ciudadana. La Fiscalía General no perdona una pared pintada y esta es su venganza. Sentencia injusta de seis años por tres de los ocho delitos acusados”, apuntó Valda.
Agregó que fueron absueltos todos del delito de organización criminal, “jamás fueron una organización parapolicial”, dijo a tiempo de recordar que el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público son responsables de múltiples abusos, torturas y violaciones a los Derechos Humanos.
CULPABLES
En tanto el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, manifestó que la comisión de fiscales de la Unidad Anticorrupción demostró con pruebas contundentes la culpabilidad de los acusados.
“Este grupo parapolicial, encabezado por los sindicados, llegaron armados a la ciudad de Sucre el año 2020, con la finalidad de forzar de manera violenta la renuncia del Fiscal General del Estado, en ese marco, asediaron y causaron destrozos a ese inmueble, además de atemorizar y generar zozobra a la población civil, usuarios del servicio y los servidores públicos de la institución. Con esos antecedentes y durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó 101 pruebas documentales y 11 testificales, con los que se pudo sustentar la acusación fiscal y demostrar la autoría de los involucrados ante la autoridad jurisdiccional que determinó la sentencia”, sostuvo Nava Morales.
Asimismo, explicó que de acuerdo a los elementos de convicción colectados por la comisión de fiscales, durante la etapa investigativa, se encontraron pruebas suficientes para establecer que Yassir Molina, Mario y Fabio Bascopé, en su calidad de cabecillas del “grupo parapolicial” de la RJC, dieron instrucciones y directrices para que sus subordinados ejecuten el hecho ilícito en el inmueble de la Fiscalía General del Estado, considerado patrimonio de esta capital.
Manifestó que Mario Salazar, Ayda Loayza y Milena Soto, facilitaron los medios logísticos y recursos humanos para engrosar las filas de esta organización para perpetrar el hecho.
La autoridad departamental, anunció que, de acuerdo al informe de la comisión de fiscales, existe amplia prueba documental y testifical para acreditar que los principales cabecillas de la RJC, concurrieron en los delitos de organización criminal con relación a destrucción o deterioro de bienes del Estado y fabricación ilícita, por ello, una vez se analice de manera íntegra la sentencia, se recurrirá a la apelación restringida para que se determine también la autoría de los acusados en los referidos tipos penales. (EL DIARIO y Visor21)