CC plantea gran acuerdo nacional por una verdadera reforma judicial

Afirmando que el actual proceso para las elecciones judiciales fracasó y se trata de “un cadáver que no podrá ser resucitado” miembros de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), plantearon un “gran acuerdo nacional”, con la participación de todos los sectores, para viabilizar una reforma parcial a la Constitución Política del Estado (CPE) en favor de una verdadera reforma para la justicia boliviana.
Para el diputado Carlos Alarcón, la presente coyuntura se constituye en una de las situaciones más críticas en la historia judicial de Bolivia, sin embargo, se la debe tomar como el momento de aplicar soluciones efectivas en las que se involucre a todos los sectores de la sociedad. “A grandes males, grandes soluciones”, indicó.
Aseguró además que el presente proceso para las elecciones judiciales es un “cadáver que ya no podrá ser resucitado”, por más que se anuncien ajustes y maquillajes que no conducen a nada.
En este sentido, el legislador paceño planteó abrir las puertas del Legislativo a la ciudadanía y de esta forma rescatar todas las propuestas de reforma que fueron planteadas por diversos sectores y que en su momento fueron bloqueadas por el Gobierno en complicidad de sus brazos operativos, “sus jueces y su Órgano electoral”, sostuvo.
Recordó que iniciativas como la de juristas independientes para una reforma parcial a la Constitución fueron objeto de ataques y declaraciones que la descalificaron en su momento, por lo que ahora es preciso, mediante un gran acuerdo nacional, hacer que sectores de la sociedad se conviertan en protagonistas de un verdadero cambio en la justicia mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“No solo con los juristas independientes, también se trata de abrir esta posibilidad a todos los sectores sociales, profesionales, plataformas, todos los que queremos una mejor justicia para el país”, expresó.
Alarcón detalló que mediante la ALP, este acuerdo debe lograr una reforma Constitucional hasta octubre del presente año, además de enfocarse exclusiva y únicamente en el tema judicial, tomando en cuenta los mecanismos y disposiciones transitorias que permiten ajustar plazos y adoptar otras acciones para poder realizar un trabajo con absoluta transparencia y responsabilidad ante la ciudadanía.
“Eso se puede resolver hasta octubre, antes que los actuales magistrados y consejeros finalicen sus funciones en los primeros días de enero del siguiente año”, dijo.
Finalizó señalando que cualquier nuevo intento para tratar reencausar la actual convocatoria, paralizada por una acción judicial, solo llevará a profundizar la falta de confianza ciudadana en un proceso que “nació muerto”.
Por su parte, el jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, señaló que es momento de que el Movimiento al Socialismo tome una “decisión política” que dé una salida al problema y dejar de insistir en el fracaso del actual proceso.
“Está en sus manos, está en las manos del MAS el tomar esta decisión política”, dijo.
Estos planteamientos se dieron tras la determinación de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, instancia que concedió tutela al Amparo Constitucional presentado contra la convocatoria para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, dejando suspendido todo el proceso.
Desde el “ala evista” en el oficialismo, el diputado Héctor Arce, responsabilizó por esta determinación al titular en la cartera de Justicia, magistrados del Órgano Judicial y algunos legisladores. “Presumimos de que acá hay una mano negra”, sostuvo el parlamentario en conferencia de prensa.
Acusó a estas autoridades de tratar de buscar el fracaso del proceso iniciado en la Asamblea Legislativa con la finalidad de permitir repostulaciones o hacer fracasar el proceso para viabilizar una ley corta que extienda funciones en cargos judiciales.