Después que la justicia sentenciara con seis años de cárcel a tres miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y absuelva a otros tres, Manuel Morales, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), manifestó a EL DIARIO que los procesados fueron objeto de discriminación, por varias instancias estatales y por integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ha sido un juicio manipulado desde el principio, desde los ministerios de Gobierno y Justicia hablaron de 20 años de condena. Desde Nelson Cox, que fue viceministro de Justicia, han querido vincularlos como si fueran una organización paramilitar, siempre ha habido una campaña de desinformación, cosa que no han podido demostrar”, advirtió.
Recordó que en el caso de Milena Soto, que fue absuelta, sufrió dos años de persecución judicial y tortura porque la sometieron a una detención domiciliaria impidiéndole trabajar y mantener a su hijo.
Morales apuntó que de ratificarse la sentencia en el caso de Soto, daría la posibilidad de abrirle un proceso al Estado por violaciones a sus derechos.
DISCRIMINACIÓN
Manifestó que funcionarios de la CIDH como Joel Hernández y Bruce Barnaby Rubio, impidieron el ingreso de Milena Soto a una audiencia virtual entre el comisionado Bolivia de esa instancia y funcionarios encargados de la mesa de seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) con el Conade y diversas organizaciones de la sociedad civil boliviana, para tratar acerca de las violaciones a los derechos humanos que comete el gobierno de Luis Arce.
En esa oportunidad – dijo – impidieron el ingreso a la sala virtual, ejerciendo una censura a una persona boliviana que debía explicar su situación jurídica.
“Ya antes, el señor Paulo Abrão de la CIDH sostuvo una campaña internacional contra los integrantes de Resistencia Juvenil Cochala para calificarlos como una fuerza paramilitar, aspecto que nunca sucedió en Bolivia ni durante el año 2019 ni durante el año 2020”, dijo.
Explicó que los grupos paraestatales son aquellos que reciben apoyo diverso desde el Estado, categoría en la cual se inscriben las organizaciones sociales del Movimiento al Socialismo (MAS) y funcionarios públicos que salen a ejercer violencia contra la ciudadanía movilizada.
SENTENCIA
Manifestó que la sentencia penal en primera instancia, por pintar paredes de la Fiscalía General del Estado en Sucre es un despropósito y mayor aún la desproporción de una sentencia de seis años de prisión.
“La lucha de la RJC no sólo debe ser por apelar esta sentencia sino por anular este juicio que no versa sobre los hechos de 2019, ni por discriminación contra mujeres indígenas u otras patrañas que fueron tejidas al calor de las campañas mediáticas del Ministerio de Justicia para justificar un juicio por odio y venganza”, apuntó.
En ese marco dijo que el Conade reitera la necesidad de una reforma urgente a la justicia; la absoluta reivindicación de que sea la ciudadanía la que intervenga en generar cambios ya sea a través de firmas, el referendo constitucional y el voto ciudadano en las elecciones de 2023 y 2025.
SEIS AÑOS
El 12 de abril de 2023, fueron sentenciados los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Yassir Molina, Mario Bascopé y Fabio Alejandro Bascopé, con seis años de cárcel, mientras que Milena Soto, Mario Salazar y Aida Loayza fueron absueltos, por las figuras de porte o portación de armas de fuego, municiones y explosivos; daño calificado; y por impedir y estorbar funciones públicas, pero se descartó el delito de organización criminal.
La sentencia fue dictada en Sucre por el juez de Sentencia Tercero en lo Penal, Emilio Pinto, y añadió que tanto Molina como los hermanos Bascopé cumplan condena, una vez ejecutoriada, en el penal de San Roque de la capital del Estado.