Luego de registrarse manifestaciones de rechazo de diferentes sectores, en cinco días el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) cedió en propuestas normativas contenidas en dos proyectos de ley. Retiró el borrador de ley de regulación y sanción del uso indebido de las redes sociales y anunció la supresión del “artículo mordaza” del proyecto de ley 305.
El miércoles de la semana pasada, el diputado del MAS y jefe de la brigada parlamentaria en Tarija, Juan José Huanca, solicitó el retiro del proyecto de ley 304 de regulación y sanción del uso indebido de las redes sociales de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el argumento de evitar que sea utilizado para afectar al gobierno de Luis Arce.
«Esta normativa se retira para que no sea pretexto por parte de algunos grupos opositores que buscan permanentemente tener algún tipo de argumento para desestabilizar a nuestro gobierno, por eso nosotros hemos decidido tomar esta decisión, pensando siempre en la estabilidad de nuestro Gobierno», explicó.
Gremios de periodistas, plataformas ciudadanas y la corriente «evista» del MAS observaron el contenido del citado proyecto que considera como delito la creación de cuentas falsas, «atentado contra la honorabilidad y reputación», y la violación de datos que afecten la «honra en redes sociales». Además, sanciona la difamación y la calumnia contra personas naturales o jurídicas.
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Magaly Gómez, anunció ayer la supresión del polémico “artículo mordaza” 281 (septies) del proyecto de ley 305, el mismo disponía el enjuiciamiento de periodistas y propietarios de medios en caso de que incurran en delitos de «racismo» o «discriminación».
En un comunicado emitido por Gómez, se señala que “reiteramos la firme defensa de los Derechos humanos, en ese sentido la supresión del artículo 281 in extenso del proyecto de Ley 305/2023, ante el diálogo y coincidencia con los diferentes sectores y de esta manera atender con prontitud las sugerencias comunes, siendo respetuosos de los derechos y garantías constitucionales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
El citado artículo era rechazado especialmente por organizaciones e instituciones de periodistas, que la semana pasada sostuvieron una reunión con asambleístas y el ministro de Justicia, Iván Lima, para la socialización del borrador de norma.
Lima, tras el encuentro, indicó que debía ser la comisión legislativa la encargada de retirar o mantener el artículo cuestionado.