Los gremios de periodistas del país denunciaron la vulneración de la Ley de Imprenta y del debido proceso en el proceso ilegal y arbitrario contra los periodistas Marco Zabala, Ariel Vargas y Alberto Ruth, el 17 de abril en Santa Cruz.
Mediante un pronunciamiento señalan que la actuación de los vocales Jimmy López y Diego Ramírez de la sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, “constituye un funesto precedente porque infringe el Art. 107 de la Constitución Política del Estado que establece que los periodistas están sometidos a sus normas de autorregulación y a Ley de Imprenta”.
Ambos administradores de justicia soslayaron los pedidos para que el proceso iniciado en contra de los periodistas se desarrolle con un tribunal de imprenta y además para dictar resolución consultaron a la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT
“Sin duda, este es un precedente nefasto de uso arbitrario de la justicia contra la libertad de prensa, no sólo porque no se sometió este caso ante un Tribunal de Imprenta sino porque se echó sombra a un hecho de violencia de género poniendo atención en las fotos publicadas y no en el delito cometido por una exautoridad pública que debió ser perseguido de oficio por el Ministerio Público y que los periodistas denunciaron”, se lee en el comunicado.
“Sumado a ello, consideramos un vergonzoso desatino que los referidos vocales hubieran utilizado un sistema de inteligencia artificial en el proceso, evidenciando la irresponsabilidad, ignorancia e ineptitud en el análisis, conocimiento e interpretación de un proceso elemental y mostrando una vez más la debacle total del sistema de justicia en Bolivia”, lamenta en otra parte del comunicado.
La inédita actuación de ambos operadores de justicia fue duramente cuestionada por gremios de periodistas y también de abogados porque no es correcto que los jueces tomen decisiones en base a consultas realizadas a una aplicación de inteligencia artificial.
“Es lamentable e inaceptable la ligereza con la que el vocal Jimmy López que, además de admitir una causa que no correspondía ser procesada por la vía penal, justificó su accionar aduciendo que ‘esto sólo ha sido un globo de ensayo’ al referirse al uso de un robot para juzgar a los periodistas”, se lee en el pronunciamiento.
“Ante este funesto precedente, que va a ser representado de nulidad y denunciado ante las instancias internacionales de derechos humanos, exigimos al gobierno ser coherente con su discurso de que los derechos de los periodistas se respetan” demandan.