En una nota dirigida al presidente Luis Arce, la exministra de Salud, Eidy Roca, ratificó su inocencia en el proceso que se le sigue por el caso respiradores y solicitó se le conceda un permiso especial para atender una grave enfermedad en el extranjero.
La exautoridad, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace dos años, denunció que en tres oportunidades le fue negado el permiso, lo que en su caso y debido a su delicado estado de salud representa una “condena a muerte”.
La exministra recuerda que después de enfermar de coronavirus en julio de 2020, y reincorporarse a sus funciones en agosto, sufrió complicaciones que derivaron en encefalitis pos covid con manifestaciones neurológicas que luego se agravaron afectando funciones vitales como la deglución, el habla y la movilización.
“Fui tratada por enfermedad de parkinson durante dos meses. En noviembre 2022 se hace manifiesta la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en una fase avanzada y se me diagnostica demencia pronto temporal (diagnóstico por imágenes). En Bolivia la capacidad diagnostica y de tratamiento es mínima, ya que no existe un programa ni protocolo, ni normas de atención para estas enfermedades. La ELA si existe y es de evolución rápida y fatal en corto tiempo. Ante mi estado de desnutrición y deshidratación severas, se me practicó una gastrostomía para recibir el alimento mediante una sonda por tiempo indefinido, ya que la pérdida de funciones es irreversible. Necesito el permiso para viajar a Argentina para recibir la atención especializada”, señala el documento.
MINISTRA
En la nota, Roca recuerda que como ciudadana boliviana, de 69 años de edad, fue ministra de Salud desde el 29 de mayo de 2020 hasta la conclusión del mandato de la expresidenta Jeanine Añez (8 de noviembre de 2020).
“Fueron circunstancias muy difíciles en las que me tocó desempeñar ese cargo, no solo por la magnitud del desafío que implicó la lucha contra una enfermedad cruel y hasta entonces todavía desconocida como el covid-19, como por las denuncias de corrupción existentes antes de mi designación, que estaban originadas en compra de ventiladores españoles”, señala otra parte del documento.
Asegura que asumió el cargo por vocación de servicio, su formación profesional y la experiencia en gestión de servicios y sistemas.
“Desde 1984, cuando por primera vez tuve la oportunidad de trabajar en atención primaria, puse mis conocimientos al servicio de mi país. Como usted sabe, en esa época solo existían hospitales en las capitales del país y en otras áreas la atención era precaria”.
“Fui parte de un ejército de profesionales médicos y enfermeras que dieron a luz un sistema de salud con irradiación hacia la misma comunidad y con participación de los vecinos a través de sus Comités Populares de Salud y una red de servicios en barrios y lugares donde la gente no tenía acceso a un servicio de salud. Luché siempre y trabajé en la tarea de transformar la salud de mi país, utopía que muy pocos todavía conservamos, independientemente de la ideología o color político del gobierno de turno”.
“Soy médica especializada en salud pública, administración de servicios y auditoria médica, con amplia trayectoria en todos los niveles del Estado y sin tacha alguna. Formadora de recursos humanos en distintas universidades del país y a pesar de mi situación actual, continúo empeñada en contribuir a mejorar la situación de salud y calidad de vida de nuestra gente”.
IMPUTACIÓN
Roca asegura que fue imputada por delitos que no cometió. “Han utilizado y utilizan artilugios técnicos o procedimentales para utilizarme como chivo expiatorio de un asunto en el que no tuve ninguna participación”
“Cuando asumí el cargo, en momentos en que la tasa de letalidad por covid era ascendente en el país, cuando en ningún país del mundo se sabía de un tratamiento existían urgencias de vida o muerte en Beni, Santa Cruz y Cochabamba, que clamaban por respiradores y unidades de terapia intensiva”.
“En ese momento, pedí el asesoramiento de todas las sociedades científicas del país y colegios médicos de los 9 departamentos, universidades y asesores nacionales y extranjeros, así como de la OPS/OMS Bolivia, para la conformación del Comité Científico Nacional, asesor del Ministerio de Salud, donde se aprobaron los primeros protocolos, normas y procedimientos para el tratamiento de pacientes covid y se divulgaron a todos los departamentos. Me desplacé a todos los departamentos del país y estuve en contacto con personal de salud de los hospitales, autoridades y población desesperada por hacer frente a la pandemia”, recuerda.
ANTES DEL CARGO
Roca recuerda que el informe de la comisión calificadora llegó 20 días después de dicha entrega y el día que ella asumió el cargo.
“El dilema que tuve que enfrentar era: devolver los respiradores y resolver el contrato (era imposible iniciar otro proceso de contratación, por la alta demanda de los mismos e inexistencia en el mercado mundial) o buscar solución y distribuir los otros que estaban llegando”.
“Tome la decisión de distribuirlos, previa evaluación técnica, financiera y jurídica para la firma de una adenda al contrato (contemplada en el contrato y normas del Banco Mundial) y con la adición de 20 equipos, ampliación de garantía y compromiso de reposición de equipos en caso de presentar alguna falla”.
Apuntó que todos los hospitales firmaron la conformidad de la recepción de los mismos, con algunas excepciones por desperfectos encontrados y que fueron atendidos por la empresa.
“Mi único objetivo y razón de actuar fue salvar vidas con lo que teníamos a disposición y tengo la certeza que así fue. Mi gestión señor Presidente fue transparente y encaminó la reforma del sistema a pesar de la crisis, de lo cual también hay respaldos documentales. Impulsamos y concretamos la reestructuración del Ministerio de Salud que persiste hasta la fecha”, dice.
La exministra recuerda también que le negaron tres veces la posibilidad de salir al extranjero a recibir atención especializada ya que su vida se encuentra en peligro.
“Entiendo que su autoridad no conoce detalles de las investigaciones, ya que está en manos de las autoridades jurisdiccionales y el Ministerio Público, pero como Jefe de Estado debe solicitar información sobre este injusto proceso que se me sigue, ya que, en última instancia, cualquier proceso internacional recaería sobre su autoridad por violación a mis derechos humanos”, señala el documento.