Acabar con la impostura judicial

Todos los bolivianos sabemos que nuestro sistema judicial es un completo engaño montado por el MAS hace más de una década y que nuestra justicia es una de la peores del mundo, tan aberrante que sorprende a los juristas extranjeros que nos observan pasmados. Bolivia es uno de los pocos países –si no el único– que elige a sus magistrados mediante voto universal, simplemente porque es absurdo e inviable, pero el Estado Plurinacional tenía que hacer un aporte revolucionario, verdaderamente democrático, según mintieron, para meterse a la judicatura nacional en el bolsillo.
Desde el año 2011 se acabó la verdadera justicia en Bolivia. Los candidatos a magistrados se seleccionaron en la Asamblea Legislativa de acuerdo con afinidades políticas y, una vez designados, aparecieron como candidatos para que el “pueblo” los eligiera. La burla era y es descarada. Quiere decir que, al pueblo, al bendito pueblo, que sirve para asociarlo a todas las matufias, se le endosaron las responsabilidades para que unos incapaces asumieran los altos cargos del Órgano Judicial. Todo esto, pese a que el pueblo no concurrió a votar consciente del engaño, y a que, sin embargo, los flamantes togados, siendo ignorados por el voto, asumieron sus funciones con la “cuerudez” de los sinvergüenzas.
Es tan mala la justicia en Bolivia, es tan sobornable y canalla, que los propios masistas, impulsores del agravio, coinciden hoy en que nuestras leyes no sirven para nada, que nadie las respeta, que los procedimientos son venales. Pero es tal su picardía que se quejan de los fiscales y jueces que ellos mismos llevaron a los estrados judiciales y dicen que la justicia debe ser cambiada. Claro, pero quieren cambiarla a su manera. Es decir que los candidatos seguirán siendo seleccionados en la Asamblea, aunque, dicen, esta vez exigiéndoles una mayor formación, es decir que, por lo menos, hayan leído la Constitución y sobre todo que sean fieles. Igualmente, tal vez menos burros y pillos que los actuales, aunque mucho lo dudamos, aparecerán sus fotografías sonrientes en los medios para que el pueblo – ¡pobre pueblo! – los elija.
Como esta justicia tiene encerrados de manera inmisericorde a Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, y a una cantidad de ex ministros, militares, y opositores al MAS; como también se desentiende de avasallamientos, extorsiones, y todo lo ilegal que se pueda imaginar; la población ya no lo soporta. Protesta todos los días. Sabe el país entero que la impostura del MAS es inaudita y que, en el tema judicial como en otros, ofrece cambios “para que nada cambie”. Es que no quieren modificar el sistema de elección judicial porque es lo que les da el poder. Pueden fingir alarma por una justicia corrupta, pero son ellos, los masistas, quienes impulsan la corrupción. ¿Cómo entonces pensar en nuevas elecciones judiciales para octubre? Sería caer en la misma trampa de siempre.
Es por eso que una patriótica agrupación de “juristas independientes”, que representa el sentir nacional, está empeñada, desde hace meses, en promover un cambio real en la justicia nacional, que pasa por reformar algunos artículos de la Constitución y recuperar la verdadera aplicación del derecho. Para una modificación constitucional se requiere de un referéndum y para esa consulta es necesario, según nuestras leyes, la firma de un millón y medio de ciudadanos. Eso de la cantidad de firmas es algo insólito en una nación con tan pocos electores, pero, además, para variar, el Gobierno ya está ordenando a quienes sumisamente le obedecen que, junto con el millón y medio de firmas, ahora hay que analizar las huellas digitales, y presentar todo en formato digital. Es decir que la impostura chilla. Se intenta una obligada depuración de los libros con un enorme costo económico de paso. Naturalmente que el tiempo tampoco correrá a favor de los juristas demandantes.
En suma, el Gobierno del señor Arce, no quiere sino elecciones judiciales como han venido sucediéndose, tramposas; prefiere la prórroga de los mismos magistrados o que se designen a otros por mandato divino en la Asamblea Legislativa. Y con eso que el pueblo –el tan amado pueblo– con sus firmas y sus huellas digitales diga amén. En Bolivia no existe justicia y un país sin justicia se reduce a un grupo humano salvaje, es un retorno a la barbarie.