La puesta en marcha de los decretos para la lucha contra el contrabando de combustibles, así como fijar límites al expendio, frenó la comercialización en las estaciones de servicio porque los vendedores ponen pretextos para evitar la venta, como la caducidad del B-SISA o la poca legibilidad que hay. A esto se suma las filas para adquirir la etiqueta en los puntos autorizados.
Los conductores de vehículos fueron sorprendidos en algunas estaciones de servicio cuando el vendedor dijo que la etiqueta B-SISA caducó o no es legible para la venta e indicaron que vaya a renovar la autorización.
También se observa largas filas para comprar la etiqueta B-SISA, que se incrementaron en las últimas semanas, tras la puesta en marcha de los decretos, cuya reglamentación está en plena elaboración.
Hace unos días atrás ciudadanos mostraron largas filas de personas con bidones, de diferentes volúmenes, en una estación de servicio en Uncia, Potosí, además cobros extras por la venta de combustibles.
El contrabando de combustibles en las fronteras del país será reducido a través de controles de parte de la policía, personeros de Aduana y militares. La semana pasada, el Gobierno lanzó el plan soberanía para evitar la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Se anunció el control en 12 regiones fronterizas, cuyos lugares se desplegarán fuerzas especiales para realizar el control.
El comercio ilegal de combustibles bordea los 250 millones de dólares, y las medidas a implementar busca un ahorro de 1.000 millones.
El presupuesto destinado para la subvención de los hidrocarburos era de 700 millones de dólares en 2022, pero al finalizar la gestión alcanzó a 1.700 millones, y para esta gestión se destinará 1.000 millones.