Oficialismo busca aprobar ley rechazada en otros países

Cuestionando el uso de convenios internacionales para la lucha contra el racismo, discriminación y la intolerancia, mediante los que se intenta aprobar normativas que regulen y sancionen supuestas “expresiones intolerantes” en el ámbito privado, público y en redes sociales, miembros de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), observaron el Proyecto de Ley 381, señalando que se trata de una nueva amenaza para la libertad de expresión de los bolivianos.
En representación de la principal fuerza de oposición en la Asamblea legislativa, la senadora Nelly Gallo, denunció el tratamiento de este proyecto, por contar con el mismo contenido y finalidad que el paquete de normas cuestionadas en el último tiempo, por ser atentatorias contra la labor de la prensa y la libertad de expresión de la población.
“Este proyecto forma parte del paquete de leyes malditas que está trabajando el Gobierno, instrumentalizando los derechos humanos para coartar la libertad de expresión de los bolivianos”, expresó.
La legisladora de oposición sostuvo que bajo un “nombre bonito” el artículo único de este proyecto de normativa, pretende ratificar dos convenios internacionales para la lucha contra la discriminación y el racismo, lo que plantea serios peligros para la libertad de expresión, dada la discrecionalidad con la que administradores de justicia pueden aplicar su contenido.
A criterio de Gallo, el aspecto que más debe preocupar es el referido a las acciones y sanciones, con las que se faculta al Estado para evitar escenarios en los que se generen posibles expresiones calificadas como discriminatorias, en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana y en plataformas virtuales.
“Esto oculta graves peligros para las libertades de los bolivianos, amordazando cualquier tipo de expresión y dando al Estado un ‘suprapoder’ para prevenir posibles manifestaciones y opiniones, supuestamente intolerantes, en cualquier ámbito. En lo privado, lo público, internet y redes sociales”, indicó.
Señaló que la normativa también cuenta con la potestad para instruir la regulación de medios de comunicación y redes sociales, esto según el criterio de quienes administran el Estado y la justicia, de forma circunstancial.
Las convenciones cuestionadas por la parlamentaria exhortan a los países firmantes a modificar su Código Penal, lo que iría en concordancia con el paquete de leyes denominadas “malditas”, que en su momento pretendieron ser aprobadas por el oficialismo (Proyectos de Ley 304, 305 y 280), lo que además les otorgaría una garantía para su aprobación.
“Existe una intención nefasta de hacer una persecución política y amordazar cualquier tipo de opinión contraria al Gobierno. Esto daría viabilidad a las normas anteriormente cuestionadas para su futura aprobación, dándoles un marco de protección internacional”, dijo.
Finalizó afirmando que las cuestionadas convenciones que pretenden ser ratificadas por el Estado boliviano solo fueron aprobadas por dos de los treinta y cinco países que componen la Organización de Estados Americanos.
“Más de cinco países la han rechazado y el resto ni siquiera la ha contemplado en su tratamiento. No solo Canadá y Estados Unidos la han rechazado de forma contundente, sino que instancias de defensa de los derechos humanos como la CIDH manifestaron observaciones”, dijo.
Días atrás, luego de la movilización de distintos gremios de la prensa y sectores de la sociedad civil a nivel nacional, en rechazo a dos Proyectos de Ley considerados atentatorios contra la libertad de expresión y el trabajo periodístico, el diputado oficialista, Juan José Huanca, anunció el retiro de la iniciativa 304 para la regulación y sanción al uso indebido de redes sociales, argumentando que se busca evitar que “opositores usen el tema para desestabilizar al Gobierno”.
El Proyecto de Ley planteaba la incorporación de una pena de cárcel de entre cinco y siete años para quien por medio de las redes sociales “atente contra la imagen, dignidad de una o varias personas naturales y jurídicas”.
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, determinó eliminar el artículo 281 del proyecto de Ley 305, cuestionado ampliamente por tratarse de una normativa que atenta contra la labor de periodistas y medios de comunicación, además de ser contrario a la vigente Ley de Imprenta.
El artículo buscaba la modificación del artículo 281, parágrafo séptimo del Código Penal para facilitar el enjuiciamiento de periodistas en la vía ordinaria, sin respetar la Ley de Imprenta, por presuntos casos de discriminación.
Mediante un comunicado de esta Comisión parlamentaria, se señaló que conforme a lo manifestado en el dialogo sostenido con representantes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Asociación de Periodistas de Bolivia (APB), Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Medios Alternativos de Bolivia (AMAB), se estableció que el derecho a la información y la libertad de prensa concurren a la labor periodística, por lo que deben ser garantizados.