Sobre los resultados de la votación para la aprobación del proyecto de la “Ley del Oro” 219-2022/2023, a las 8:06 horas del 21 de abril de 2023, en la Asamblea Legislativa de Bolivia, el secretario de escrutinio decía: “presidente, hemos hecho el conteo, hubo 54 votos por la aprobación (…) 24 votos por el rechazo y (…) 41 votos en blanco, lo que quiere decir que no tienen mayoría”. Inmediatamente, el presidente de la Asamblea, Jerjes Mercado, del ala arcista del MAS, contravenía los resultados y daba por aprobada la “Ley del Oro”, aunque los votos a favor fueron insuficientes para alcanzar la mayoría absoluta.
En el ámbito legislativo, la “Ley del Oro” debía aprobarse por mayoría absoluta, con la mitad más uno de los 119 votos emitidos; es decir, requería 60 votos de apoyo para ser aprobada, pero solo consiguió 54 votos. Por otro lado, para que no quede duda, el cómputo de votos válidos debía tomar en cuenta los votos blancos (véase el artículo 109 del Reglamento general de la Cámara de diputados, gestión 2022/2023).
A la luz de los hechos y las normas, la aprobación en grande de “Ley del Oro”, hecha por el presidente de la Cámara de Diputados, está viciada de ilegalidad, por lo que cualquier política económica que de facto emane de ella será susceptible a sanciones penales.
En el ámbito económico, la “Ley del Oro”, oculta que prácticamente la totalidad de las 42,2 toneladas de oro físico se encuentran en bancos privados del exterior del país; es decir, están fuera de la protección de los poderes soberanos del Estado, lo que constituye una contradicción flagrante entre el discurso y los hechos de un gobierno que se considera a sí mismo “antimperialista” (véase Twitter de Luis Arce del 17 de abril de 2023: “la lucha contra el imperialismo, el capitalismo y el colonialismo continúa”).
Asimismo, la “Ley del Oro” no se ajusta a la Constitución Política del Estado que en su artículo 264 indica que “Es deber del Estado ejecutar políticas de preservación y control de los recursos naturales en las áreas fronterizas”. El oro es un recurso natural, que en el caso de las reservas físicas deberían estar dentro de las fronteras nacionales y no fuera, como ocurre en este momento; además, hay riesgo de que las toneladas de oro sean congeladas en los bancos del exterior (en 2020, más de 30 toneladas de lingotes de oro venezolano, fueron retenidos por el Banco de Inglaterra), por lo cual parece sensato aplicar políticas de repatriación (Alemania, entre 2013 y 2017, decidió repatriar 674 toneladas de oro de Francia y Estados Unidos, para llevarlos a Fráncfort).
La “Ley del Oro”, encubre su verdadero objetivo: la venta de los lingotes de oro, para obtener liquidez en dólares, de por lo menos US$ 2.638 millones (valor de las reservas según el informe de febrero del BCB), a los cuales se sumarían US$ 1.485 millones por créditos con instituciones financieras internacionales (ABI, 16 de abril) y otros US$ 2.000 millones más por bonos del Estado (PGE, Ministerio de Economía). Estos más de US$ 6.100 millones se destinarían para cubrir las necesidades de financiación del gobierno de Arce y sus ministros.
Si, finalmente, se lograra aprobar la “Ley del Oro” se debilitaría el último anillo de respaldo de la estabilidad del tipo de cambio, dañando la economía, poniéndola al borde de la devaluación, con elevados costes en términos de inflación, desempleo y caídas de producción.
La instrumentalización del Gobierno en su intento de aprobación de su Ley del Oro, ha dejado al desnudo sus prácticas poco honestas, de las cuales nada bueno se puede esperar; cuando el Gobierno de Arce deje sus funciones, la economía y la ciudadanía quedarán muy adoloridas, con una deuda externa creciente, pérdida del valor del boliviano, bajos niveles de reservas internacionales, elevados déficits públicos, debilitamiento del sector privado pequeño y mediano, estancamiento en los niveles de productividad, desorden político y caos social. La nueva administración que se haga cargo de la nación, sin duda, lo tendrá difícil para reconstruir todo lo dañado hasta entonces.
Fernando E. Torrejón Flores, Dr. en Economía y profesor de Economía Aplicada.