Las libertades de expresión y de prensa atraviesan un momento de elevada vulnerabilidad, debido a iniciativas del partido gobernante en la Asamblea Legislativa, orientadas a controlar y limitar los mensajes de la ciudadanía y de periodistas, según informe ante la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP).
El informe recuerda que el partido gobernante proponía incrementar de cinco a siete años la pena de cárcel para periodistas y propietarios de medios por la supuesta difusión de mensajes racistas.
La propuesta desconocía las protecciones que ofrece la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta, que prevén la vigencia de tribunales especiales para dilucidar demandas contra medios y periodistas, mientras que descartan la aplicación de penas privativas de libertad.
El 17 de abril de 2023, tras conocer un comunicado de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por la parlamentaria, Magaly Gómez, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) destacó la labor de esta instancia que anunció la supresión de esa propuesta que buscaba un incremento de la pena de cárcel.
“Es un avance significativo pero queda pendiente la tarea de corregir el contenido de la Ley que desde 2010 castiga con prisión de hasta cinco años a periodistas y con la clausura de medios de información. Estos extremos son absolutamente contrarios a los principios de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta”, expresó el presidente de la ANP, Jorge Carrasco.
REGULACIÓN
El 12 de abril de 2023, un legislador oficial retiró una propuesta de regulación de las redes sociales. La ANP advirtió, en la oportunidad, que el proyecto contenía una abierta censura previa, contraria a tratados internacionales y a la Constitución.
La ANP considera que las restricciones de derechos ciudadanos y el trabajo de la prensa coinciden con un momento en que diferentes sectores cuestionan políticas gubernamentales en temas de educación pública y la administración de los fondos de jubilación.
PERSECUCIÓN TRIBUTARIA
El informe refiere también que los diarios independientes continúan bajo persecución tributaria a través de controles y fiscalizaciones que se les realizan luego de que publican contenidos críticos a políticas gubernamentales u opiniones de sectores de oposición contra disposiciones gubernamentales en materia económica, judicial y social.
Asimismo, los últimos años, la ANP viene denunciando la asfixia económica de medios de comunicación independientes como EL DIARIO, Los Tiempos y periodistas que tienen programas independientes en diferentes formatos.
El 3 de agosto de 2022, el portal Brújula Digital publicó un estudio sobre cómo el gobierno del presidente Luis Arce distribuye de manera desproporcionada la pauta publicitaria estatal en relación a medios independientes.
El análisis que hizo Brújula Digital comprende el periodo desde la posesión de Arce, en noviembre de 2020, hasta el mes de julio de 2022, haciendo un análisis de los contratos que se publican en la página del Sicoes.
Se informó que los medios con más publicidad estatal son los canales ATB y Abya Yala, con más de un millón de bolivianos en promedio al mes. Esa cifra no toma en cuenta otros contratos con empresas estatales, entidades autárquicas, etc., y solamente incluye los que entrega el Viceministerio de Comunicación.
En sentido contrario, numerosos medios obtienen contratos de publicidad por montos muy reducidos o simplemente están marginados de esas campañas.
Medios con reconocida trayectoria e incidencia en las audiencias firmaron contratos con el Ministerio de la Presidencia, pero por montos limitados.
“Por ejemplo, radio Erbol suscribió contratos por 276.000 bolivianos desde el inicio del gobierno de Arce, es decir menos que la radio Bartolina Sisa (aliada al MAS), de escaso rating, que en ese mismo periodo registra convenios por 297.000 bolivianos”, señala la publicación.
IMPUNIDAD
Persiste la impunidad en casos de agresión a periodistas. Hasta el momento, ninguna denuncia terminó en sanción contra los responsables.
El caso más emblemático es la liberación de tres autores materiales e intelectuales del secuestro de seis periodistas, un hecho registrado el 28 de octubre de 2021, en Santa Cruz, y que hasta hoy se mantiene en fase de investigación.
Asimismo, el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FTPC), David Ovando, aseguró que desde el 2019 se registraron decenas de agresiones y amedrentamientos a trabajadores de la prensa de ese departamento.
Recuerda que la Federación, que asiste con el patrocinio legal a las víctimas, presentó ocho denuncias penales contra integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y contra organizaciones y personas afines al Movimiento al Socialismo (MAS), empero no prosperaron. “El 100 por ciento de las denuncias fueron fallidas. La Fiscalía ha desestimado investigar”, remarca.
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