La colectividad se encuentra extrañada porque, no obstante que ha transcurrido bastante tiempo, no hay un tratamiento justo y aceptable para la ex presidenta Jeanine Añez, quien permanece encarcelada sin que se le haya iniciado un juicio de responsabilidades, como le corresponde como ex mandataria de Estado. Desde el oficialismo no se quiere considerar que el gobierno transitorio fue producto de una insurrección popular en noviembre de 2019 y que en ese régimen participaron masistas. Inclusive hubo una prórroga de gestión de autoridades nacionales y locales con apoyo del partido hoy en función de gobierno. Además, luego de elecciones generales, mecanismo democrático, el señor Luis Arce Catacora fue designado presidente del Estado Plurinacional.
Tampoco se toma en cuenta, en realidad, el deplorable estado del sistema judicial en nuestro país, a pesar de que este hecho no es negado tanto por oficialistas como por opositores. Sin embargo, las fiscalías frecuentemente anuncian la iniciación de una asombrosa cantidad de juicios para ciertas ex autoridades, particularmente de sectores de oposición, lo que deja ver un innegable sometimiento ante el Poder Ejecutivo. Por otra parte, continúan las despreciables prórrogas de detenciones preventivas, atentando contra elementales derechos humanos.
Desde el retorno del MAS al gobierno diversos sectores sociales han pedido juicios justos e imparciales, respetando el debido proceso, para todos los acusados por diversos actos durante el gobierno de transición. En tal sentido, se debería evitar argucias legales para llenar de juicios a cada acusado, tomando en cuenta que incluso algunos de ellos han deteriorado su salud y hasta han fallecido en pleno trajín para atender los llamados de diversos juzgados del país. Tampoco debería haber una prórroga infinita de detenciones preventivas, por falta de reformas a normas que las permiten. Esta situación contradice enunciados que hablan de una justicia que supuestamente es imparcial y que vela por los derechos humanos.
Por otra parte, no se debe olvidar que la situación de nuestro sistema judicial despertó la atención también de organismos internacionales que han manifestado su preocupación al respecto y han hecho llegar recomendaciones para hacer cambios, a favor del mundo litigante. No obstante, la Dra. Añez sigue en la cárcel y para ello se le inicia más procesos por parte de las fiscalías. Por ello es difícil rebatir la creencia popular de que todo estaba preparado para mandar a la ex presidenta Añez a un juicio ordinario, acusándola por faltas y delitos endosados por razones políticas, evitando investigaciones que involucren a todos los actores sociales que participaron en el fraude electoral, la insurrección popular y las fuerzas de choque del oficialismo.
Es importante, por la seriedad del gobierno, que se dé respuestas claras al asunto, indicando por qué se continúa, de manera poco transparente, con procesos cuestionables contra la ex presidenta Añez y otras ex autoridades del gobierno transitorio. Además, se debe dar a conocer toda la documentación sobre los delitos endosados. También que se diga por qué no se atiende de manera eficaz el problema del sistema judicial, para acabar con vicios como el sometimiento ante quienes gobiernan.