Miguel Ángel P. Hidalgo Chávez
Muchos tienen el sueño de conseguir un terreno, un lote, urbano o rural, que pueda servir para tener “casa propia”. Pero en algunos casos esta necesidad es manipulada por quienes suelen organizar avasallamientos, con la mentira de que la ocupación ilegal, con el tiempo, les puede generar beneficios.
Los departamentos más afectados por avasallamientos de tierras son Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Beni y Pando. En La Paz, sobre todo en la ciudad de El Alto o recientemente en Achocalla, también fueron reportados algunos casos.
Sobre los predios en proceso de saneamiento, el INRA recibe las denuncias e interviene; en cambio, las tierras tituladas ya tienen propietarios y ellos deben encargarse del proceso legal en contra de los avasalladores.
Si la toma ocurre en un área urbana, los gobiernos municipales intervienen. En caso de parques y áreas forestales, se hacen cargo el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Muchos de estos avasallamientos, reportados en gran parte del territorio nacional, son efectuados por los denominados loteadores, que son grupos de personas inescrupulosas que suelen pedir determinados montos de dinero a quienes desean obtener terrenos. En varios casos, de áreas rurales y urbanas, fueron identificadas familias que captaban a otras personas interesadas, a quienes les ofrecían lotes o terrenos con pagos menores, pero sin darles garantía para la entrega de los títulos individuales de propiedad. Y es que, generalmente, se trata de tierras fiscales, forestales, áreas protegidas, o los dueños de terrenos no tienen interés en lotearlos.
En varias ocasiones estas “tomas de tierras” terminaron en actos violentos, con saldo de personas afectadas, detenidas y procesadas por el acto ilegal cometido en una propiedad privada. Tal procedimiento termina en estafa, porque las cuotas de dinero entregadas a supuestos propietarios de lotes, no llegan a ser recuperadas.
Las autoridades gubernamentales dieron a conocer que la fuerza pública, como es la Policía Boliviana, está llamada a intervenir y no permitir avasallamientos de tierras. Y serán iniciados procesos penales, con sanciones de tres a ocho años de cárcel, por parte del Ministerio Público, en contra de las personas denunciadas por tomas de tierras.
En tanto que las autoridades, regionales, departamentales y municipales, son las instancias que deben acudir ante el Ministerio Público, al igual que las organizaciones sociales correspondientes, para denunciar los intentos de avasallamientos y permitir que la Policía Boliviana pueda intervenir a tiempo, como la entidad que pueda persuadir, antes de que surjan enfrentamientos lamentables entre supuestos avasalladores y la sociedad civil.