Al menos 158 personas detenidas en Nicaragua desde las protestas sociales de 2018 sufrieron torturas y 113 de ellas fueron víctimas de violaciones por parte de oficiales penitenciarios y altos mandos policiales, revela una investigación divulgada ayer por el Colectivo de Derechos Humanos «Nicaragua Nunca Más».
El documento, presentado en Costa Rica por Juan Carlos Arce, abogado de dicha organización con sede en San José, fue realizado a partir de la recopilación durante dos años de testimonios de víctimas y familiares de detenidos por el gobierno de Daniel Ortega. También incluye fotografías, videos, denuncias públicas y expedientes judiciales.
Según la investigación, de las 158 víctimas de torturas 153 participaron en las protestas de 2018 y 123 fueron amenazadas, asediadas u hostigadas antes de su detención. Se trata de 130 hombres, incluidos dos menores de edad y 28 mujeres procedentes de 14 de los 16 departamentos del país.
El informe documenta 40 tipos de torturas, entre las cuales destaca la violencia sexual que fue perpetrada contra 113 de los 158 detenidos incluidos en la investigación. Siete de las 28 mujeres fueron víctimas de violación y las restantes de otro tipo de abusos. En el caso de los hombres el documento registró dos casos de violación y 88 abusos sexuales.
Según el texto, otros métodos de tortura aplicados a los prisioneros fueron condiciones extremas e inhumanas de detención, golpizas, amenazas de muerte, desaparición forzada temporal, quemaduras, choques eléctricos, colgamientos, simulación de ejecución o asesinato y desprendimiento de uñas.
La aplicación de la tortura en Nicaragua fue documentada también por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas (GHREN) que en un informe divulgado en marzo denunció al gobierno de Ortega por «crímenes de lesa humanidad».
El informe presentado por Arce identificó también un patrón de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales afines al gobierno, que actuaron «de forma coordinada» para reprimir y capturar a los manifestantes civiles.
Entre otras formas de tortura aplicadas que dejaron secuelas graves en la salud también se mencionan la privación del sueño y del sol, la disminución de la ingesta de agua y de alimentos, la privación del contacto con familiares y la denegación de atención médica.(Infobae).