Después de la segunda suspensión del proceso de preselección de los postulantes a magistrados con el fin de elegir a las nuevas autoridades judiciales, el abogado Israel Quino advirtió a EL DIARIO que la elección por decreto será una realidad, empero ésta debe ser transitoria.
Advirtió que plantear suprimir las elecciones judiciales, sería no tomar en cuenta la Constitución Política del Estado (CPE).
“Ni el control de constitucionalidad o de convencionalidad podrían suprimir el voto popular en Bolivia, desde el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)”, dijo.
Aclaró que la llave del candado constitucional la tienen las “fracciones partidarias” y las minorías legislativas.
“Lo advertimos desde diciembre de 2022, que si no apostaban por el consenso democrático se defenestraría el proceso (…) El decretazo será una realidad pero debe ser transitoria”, dijo.
El sábado 29 de abril de 2023, el ministro de Justicia, Iván Lima, abrió la posibilidad de que mediante una Acción de Inconstitucionalidad el TCP pueda suprimir “la elección de voto popular” para los comicios judiciales, no obstante, el artículo 202 de la CPE no da la facultad a los magistrados para modificar la Carta Magna.
El abogado Gonzalo Hidalgo, en similar criterio de Quino, dijo que la CPE establece la elección de magistrados mediante voto popular, por lo que el TCP no tiene atribución para hacer una contrarreforma.
“La única vía para reformar la Constitución está establecida en el artículo 411 de la Constitución. El TCP se está acostumbrando a hacer contrarreformas de la Constitución. Con otra contrarreforma se enterrará la Constitución y la voluntad de la población”, enfatizó.
El abogado constitucionalista Williams Bascopé dijo que si el Gobierno quería cambiar la forma de elegir magistrados debía apoyar el referéndum que planteaban los juristas independientes.
“El TCP puede interpretar lo que dice la Constitución, pero no puede modificar la Constitución como se hizo en la gestión de Evo Morales. Las declaraciones de Lima responden a que seguramente ya están viendo una figura jurídica para designar magistrados”, aseveró.
El abogado José Antonio Rivera, miembro de los juristas independientes que buscaba una reforma judicial vía referéndum, lamentó que ahora el Gobierno busque una vía que no es constitucional para reformar la justicia.
“Como juristas iniciamos el proceso de una modificación parcial de la Constitución para reformar la justicia, pero nos pusieron muchas trabas e impidieron que la iniciativa prospere. Ahora desde el Gobierno hace un planteamiento inconstitucional para reformar la justicia”, advirtió.
GARANTIZAN ELECCIONES
Por otro lado, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa ratificó el sábado su compromiso para continuar con el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial, sin esperar los tiempos que se tome el TCP para resolver el recurso abstracto de inconstitucionalidad contra el reglamento que paralizó por segunda vez el registro de candidatos.
Los miembros de la Comisión sesionaron el sábado entre titulares y suplentes para fijar una posición, luego que la Comisión de Admisión del TCP dictara una medida cautelar suspendiendo el proceso de inscripción, mientras dilucida si los postulantes deben ser inscritos en base a un reglamento o en una ley específica, tal como ocurrió en las elecciones de 2017.
La presidenta de la comisión, María Patricia Arce, reivindicó el mandato constitucional que tiene la Asamblea y anunció que emitirán un pronunciamiento ante el Auto de Admisión que acepta la medida cautelar.
Anunció que en la siguiente sesión del martes 2 de mayo serán puestos a consideración los instrumentos legislativos que correspondan para garantizar el proceso de preselección de autoridades judiciales.
JUSTICIA SOMETIDA
Israel Quino aseguró que la única forma de blindar la transformación judicial es constitucionalizar la reestructuración orgánica del poder judicial, para que la política deje de interferir en la justicia y los malos jueces, además de fiscales dejen de ser serviles al poder.
En ese marco manifestó que la reestructuración tiene dos caminos: La reforma parcial de la CPE o una constituyente judicial.
“Un nuevo proceso constituyente abrirá debates quizás peligrosos para el poder, pero necesarios en este tiempo o camino al 2025. El Presidente que quiera gobernar Bolivia en el Bicentenario debe plantear y cerrar el debate de federalismo y refundar la justicia extirpando a los malos operadores del sistema judicial”, precisó.
A juicio de Quino, el otro camino es la reforma parcial de la Constitución que puede darse vía Asamblea Legislativa, a través de una ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes, para lo que será necesario un referendo constitucional aprobatorio.
ELECCIONES
Las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Agroambiental, son electos por sufragio universal, libre, secreto y obligatorio, de las nóminas seleccionadas y aprobadas por la Asamblea Legislativa.
El artículo 34 del Ley del Órgano Judicial indica que el TSE, luego de revisadas las nóminas de postulantes, organizará el proceso de votación.
La elección del TSJ se realizará por circunscripción departamental mientras que la del Tribunal Agroambiental se realizará por circunscripción nacional. En cada circunscripción, se elegirá una magistrada o magistrado titular y un suplente.
La Asamblea Legislativa, por el voto de dos tercios de sus miembros presentes, preseleccionará hasta seis postulantes para cada departamento para un total de 54 precalificados para el TSJ y 28 para el Tribunal Agroambiental, en dos listas separadas de mujeres y hombres.
La Asamblea Legislativa garantizará además que el cincuenta por ciento de las personas preseleccionadas sean mujeres.
Bajo la organización del TSE, los electores emitirán dos votos, uno en la lista de candidatas mujeres y otro en la lista de candidatos hombres; y será electa como magistrada o magistrado titular, la candidata o candidato que obtenga el mayor número de votos válidos de las dos listas.
Si el elegido es hombre, la mujer más votada de su lista será la magistrada suplente. Si la elegida es mujer, el hombre más votado de su lista será el magistrado suplente.
Las magistradas y los magistrados del TSJ, tendrán su período de mandato por seis años computables a partir del día de su posesión y no podrán ser reelegidas ni reelegidos.
La Asamblea Legislativa también preselecciona los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional y para el Consejo de la Magistratura.
