Cuando aún faltaban docentes normalistas para cubrir las necesidades educativas del país en la época republicana, especialmente en comunidades de área provincial; nace el Escalafón Nacional del Servicio de Educación (1957), promulgado por Hernán Siles Zuazo, mediante Decreto Supremo 04688, para garantizar la calificación idónea de méritos referidos a los estudios y títulos (Art. 25), afirmando: “Directores, supervisores y técnicos deben contar con título de Doctor en Pedagogía”. Sabía disposición, que mueve y motiva a la cualificación académica de los docentes y directivos del magisterio fiscal.
En la Ley 1.565 de Reforma Educativa (1994), en los artículos 14 a 17, establece que los docentes de nivel preescolar, primario y secundario se formarán en los Institutos Normales Superiores y en las universidades, para ejercer cargo docente de aula, áreas técnicas y cátedras en el ámbito de educación superior. Desde entonces se empieza a exigir a los maestros formación académica a nivel de licenciatura y especialización en cursos postgrado para ejercer cargo docente e institucionalización de cargos directivos.
Con mayor claridad, precisión y exigencia, en la Ley 070 de la Educación, artículo 54, se plantea la estructura de niveles y grados postgraduales, reconocidos actualmente en el seno del magisterio fiscal: Diplomado, Especialidad, Maestría, Doctorado y Post doctorado. Jerarquía académica que seguramente responde a la búsqueda permanente de formación, capacitación, cualificación constante de los docentes del sistema educativo. En el mundo, después del grado de Post Doctorado, están avanzando a la implementación del grado académico de Maestro.
Bajo esos antecedentes, en los años 90 las universidades públicas y privadas, iniciaron estos cursos postgrado, haciéndolos crecer como hongos, sin control y vigilancia en la calidad formativa que estaban recibiendo los profesionales de pre grado, porque todavía no existían catedráticos universitarios con grado de maestría y doctorado. Menos aún se podía hablar de Postdoctorado y Maestros. Hasta aquí parece una política académica saludable para el fortalecimiento y consolidación de los conocimientos adquiridos en cursos pregrado. Pero, ahora estos cursos postgrado, lamentablemente se convirtieron en fuentes de enriquecimiento y engorde de universidades y medio de exacción económica y usura a profesionales de pregrado.
Actualmente los costos por concepto de matrícula y pago postgradual, son demasiado elevados para profesionales licenciados que apenas ganan un salario mínimo nacional de 2.500 bolivianos. Por ejemplo, en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); por curso postgrado se paga: Diplomado (2.500 Bs.), Maestría (14.000 Bs.), Doctorado (25.000 Bs.) y Postdoctorado (10.000 Bs.). Y cada año con mucha discreción, para evitar reclamos, van elevando costos de estos cursos y trámites de defensa de tesis y titulación.
Entonces, un maestro/a que percibe un salario mensual de 3.000 Bs, difícilmente accederá a los cursos postgrado (cualificación académica), porque primero está velando y pensando en cómo satisfacer las necesidades básicas de su familia y el suyo propio (vivienda, alimentación, abrigo, pasajes y otros). Por ello, amigos profesionales del magisterio, expresaban en broma, por supuesto: “Exigen estudiar y estudiar, estoy trabajando para engordar a los docentes y autoridades universitarias, el salario no alcanza”.
Esta realidad debe cambiar, pensemos en cómo: implementando políticas académicas de formación postgradual gratuitas, cubiertas económicamente por el Estado, mediante becas para profesionales del magisterio y universitarios de pregrado. Estableciendo que después de concluir cursos postgrado, extiendan no sólo un cartón, sino aumento salarial y reconocimiento económico para cubrir de alguna forma gastos erogados en los cursos posgraduales.
Postgrados en magisterio y universidades
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