Ahora que está vigente el incremento salarial, a nivel nacional, las instancias del Estado, respectivas, deberían pensar, asumiendo un acto humanitario, en tiempos de crisis, en un bono solidario, que alivie la difícil situación de las personas necesitadas, que representan la mayoría del pueblo boliviano. Durante el anterior gobierno, en plena pandemia, se entregó diferentes bonos a la población de nuestro país, que mitigó su angustiante realidad social.
Ese criterio ha surgido del seno de quienes, en esta ocasión, no recibirán ni un centavo, según las proyecciones gubernamentales de aumento salarial. Continuarán postergados y discriminados, en sus aspiraciones de lograr mejores días. Sólo son utilizados en épocas electorales. Tendrán que seguir luchando, duro y parejo, por llenar, si existen posibilidades, la canasta familiar, cuyo costo sube día que pasa, pese que el presidente Luis Arce Catacora afirmó que “la economía boliviana crece, a pesar del contexto internacional complicado” (1).
Como “una actitud gubernamental discriminatoria” fue calificada la determinación del incremento salarial. Se dijo que con esa medida, particularmente los 500.000 empleados públicos, de las diferentes instancias de la administración estatal, resultarán los beneficiados. Éstos continuarán medrando a costa del empobrecido Tesoro General. Los amplios sectores populares, entre campesinos, desocupados e informales, que representan un importante conglomerado humano, serán los desfavorecidos de siempre. Nada menos que en democracia, por cuyo restablecimiento, hace aproximadamente 40 años, derramaron sangre entre los adoquines de la “Ciudad Maravilla” y en los surcos del agro boliviano.
El incremento, reiteramos, no recaerá en quienes no son trabajadores regulares, con un salario. Según estudios realizados por profesionales e instituciones entendidas en la materia, sólo beneficiará a un reducido número del 15% de la población boliviana, comprendida en la economía formal. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, apuntó que “15 de cada 100 bolivianos recibiría un aumento en la economía formal” (2).
La pobreza, a principios del año 2.000, golpeaba al 71% de la población (3), estimada, en aquel momento, en 8.274.325 habitantes. Ahora, pese que transcurrieron más de 20 años y en cuyo lapso se registró el inédito boom gasífero, aquella realidad poco ha cambiado. Indudablemente, continúa lacerando a importantes sectores del pueblo.
Como consecuencia de la pobreza y la falta de empleo, los informales, en busca de una digna subsistencia, se han multiplicado en las calles. Se dice que constituyen el 80% de la actividad comercial nacional. Ellos no cuentan con un ingreso estable ni seguro social.
En suma: pocos serán los favorecidos con el incremento salarial y los más nada recibirán.
NOTAS
(1) “Bolivia en zona de riesgo por sus obligaciones crediticias”. EL DIARIO, La Paz – Bolivia, 12/4/2023.
(2) “Industriales aseguran que no es tiempo de incremento salarial”. EL DIARIO, 7/4/2023.
(3) “Lucha contra la pobreza: Entre la deliberación y el tinku”. Editorial Offset Boliviana Ltda., “EDOBOL”, La Paz – Bolivia, febrero de 2001. Pág. 13.