Los altos niveles de politización y la falta de reglas disciplinarias claras en el Consejo de la Magistratura impiden que los jueces infractores y corruptos sean sancionados. Pese a escándalos de corrupción y hasta “repartija de cargos” las sanciones no llegan a los implicados.
“La justicia en estos momentos pasa por un momento delicado por la alta politización que se concentra en torno al nombramiento de las autoridades jurisdiccionales y el Consejo de la Magistratura experimenta una doble politización respecto a los juzgados”, dijo el abogado Jorge Quiroz en entrevista con ANF.
Los cargos del Consejo de la Magistratura, agregó, son copados por el partido de gobierno y definitivamente “el trabajo que puedan realizar ellos en el ejercicio de sus funciones deja de ser eficiente” porque al ser políticos “reciben la presión de ‘colaboración’ a los ‘hermanos jueces’ que están ejerciendo la Judicatura, e inclusive esta politización alcanza a los jueces disciplinarios”.
En la gestión 2022, el Consejo de la Magistratura recibió 1.027 denuncias contra jueces, admitió la mitad y solo sancionó a 124, según los datos brindados por la presidenta de la entidad, Mirtha Meneses.
El Consejo de la Magistratura -según su página web- forma parte del Órgano Judicial y es responsable del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas, del control y fiscalización, del manejo administrativo y financiero y de la formulación de políticas de gestión del Órgano Judicial.
“El Consejo de la Magistratura está altamente politizado al punto de que definitivamente tiene que existir un consentimiento tácito de algunos políticos que son los encargados de manejar este órgano, con la finalidad de ver si le aplican las normas disciplinarias a tal o cual juez o no se le aplican, a ese nivel estamos, en ese momento de vivencia estamos, es realmente triste la sobrevivencia judicial que se tiene en Bolivia”, remarcó Quiroz.
El Consejo de la Magistratura también se vio envuelto en un escándalo de “repartija de cargos” en el órgano judicial protagonizado por el expresidente de la Magistratura, Marvin Molina, según se escucha en un audio que implica a legisladores y autoridades.
El activista de Derechos Humanos, David Inca, indicó al respecto que en el Órgano Judicial existen relaciones amicales y políticas que influyen e impiden que se pueda sancionar a una autoridad, más aún cuando todos pertenecen a un mismo gremio donde por lo general hay “lealtades que corresponder”.
“Muchos son compañeros de universidad, son colegas de profesión, el juez que está siendo investigado resulta que había sido compañero de la universidad o docente de la carrera de derecho del que investiga”, dijo Inca a ANF.
Se supone que el Consejo de la Magistratura tendría que ser un ente “imparcial”, pero “resulta que no es así”.
Para garantizar un proceso imparcial en temas de corrupción de jueces, refirió Inca, se tendría que utilizar el mecanismo que tiene la Asamblea Legislativa para aprobar leyes, es decir, “si el Consejo de la Magistratura tiene un reglamento o un estatuto donde prevé esta situación de las faltas graves y leves y no está incorporado el tema del acto de corrupción, es decir cohecho activo y cohecho pasivo, tendría que estar ahí bien nombrado, registrado, sobre los actos que cometa un juez”.
Pero en estos casos también interviene la asociación de jueces, indicó, que lo primero que pide es que se cuide la imagen y la dignidad del juez o jueza, que no sea expuesto públicamente para precautelar su imagen, pero “desprecia la imagen de la víctima que sufrió una sanción injusta e indebida”, por decir algo.
“Amerita que se rectifiquen estos reglamentos y esto lo puede hacer la Asamblea Legislativa porque tiene una función de fiscalización”, remarcó el activista.
Indicó que la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión de Justicia Plural lo pueden hacer, pero “el problema es que de oficio ellos no lo hacen, pero deberían hacer sin esperar que las victimas pidan auxilio, porque los mismos afectados se exponen tanto que si los identifican puede haber represalias contra ellos”.
Inca apuntó que todo juez tiene un aparato de amistades, comenzando por colegas, familia, vínculos con militares o policías que en algún momento han ayudado, y la víctima “puede caer sencillamente en actos de discriminación, en un bullying institucional en el cual difícilmente va a poder sostener su acusación, aunque tenga la verdad, porque tiene pocos recursos económicos”.
Quiroz cuestionó la falta de transparencia de los procesos disciplinarios en el Consejo de la Magistratura con normativas que muy pocos conocen y que va cambiando de acuerdo a quién es el procesado, lo que “evidencia el manejo político” y la prevalencia de la “impunidad”.
«Se supone que el régimen disciplinario de los jueces debería ser un documento público para conocimiento de todos los ciudadanos, pero eso no opera así, no existe, debería de existir una ley o mínimo un decreto supremo; si el Órgano Ejecutivo es el que maneja al Órgano Judicial mínimamente debería de emitirse un Decreto Supremo en el cual se hacen conocer las faltas y que este Decreto Supremo sea de carácter público”, indicó.
Refirió que los siete magistrados del Consejo de la Magistratura que tienen su sede en Sucre, formulan una resolución con el contenido de faltas leves, graves y muy graves, pero “este reglamento puede ser modificado en cualquier momento de las funciones de los representantes del Consejo de la Magistratura, es decir falta seriedad”.
Dijo que es una resolución que no está en las páginas web del Órgano Judicial o del Consejo de la Magistratura para disponibilidad de la población en general ni de los abogados, que deben “hacer maravillas para conocer las normas del régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura”.
En ese sentido remarcó que existe un desorden de tal magnitud que llegado el momento no se sabe qué reglamento es el que se tiene que aplicar, y este aspecto lo siguen manteniendo con la finalidad de “favorecer a las personas que han recibido los cargos de jueces como un favor político, es decir, es parte de la politización de la justicia en Bolivia”. (ANF)