El fiscal Fernando Aragón reveló que se analiza ampliar las investigaciones en contra de dos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que presuntamente estarían involucrados con un exfuncionario que fue destituido por cobrar 20.000 bolivianos para direccionar un fallo judicial por demanda laboral.
Fiscalía podría ampliar investigación en contra de dos funcionarios de TSJ por presuntos cobros irregulares.
Según la denuncia de la víctima, estas dos nuevas personas participaron de los cobros irregulares.
«Estamos en el tramo de poder individualizar a otros dos funcionarios más de estos cobros, ya que, de acuerdo con la declaración de la víctima, refiere que otros funcionarios más están implicados (…). Estamos esperando respuestas de diferentes entidades bancarias», señaló el fiscal.
En este caso, se investiga la presunta comisión de Cohecho Activo (que acepta soborno) en el que está involucrado un exfuncionario identificado con las iniciales J.A.C.B., de 47 años.
El principal investigado fue recluido en la cárcel de Camargo con detención preventiva, pero después fue favorecido con libertad irrestricta por determinación de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia.
Determinación judicial en la que el Ministerio Público expresó su total desacuerdo y anunció la presentación de una acción constitucional.
Según las pesquisas en este presunto caso de Cohecho Activo se cuenta con los suficientes elementos de convicción que hacen presumir la existencia del hecho delictivo.
Denuncias
Sin embargo, mucha gente que tiene procesos en la justicia sufre este tipo de hecho, por lo que en algunos casos pierde a pesar de que tiene el respaldo de las normas y las pruebas, pero la última decisión la tiene la autoridad jurídica, se expresaron en su momento algunos afectados.
Como se recordará tras de varias denuncias, lograron destapar el caso consorcio de abogados, cuya finalidad era favorecer algunos casos.
En las redes sociales profesional de la defensa denuncian que los procedimientos no cumplen algunos juzgados, pero denunciar ante las autoridades competentes comprometería su situación y es por eso que no lo hacen. (EL DIARIO y ABI).
PIE DE FOTO
Foto abi