La defensa de César Apaza presentará denuncia penal contra al menos ocho efectivos policiales, después de que la Defensoría del Pueblo estableció que se ha cometido tratos crueles y degradantes contra el dirigente yungueño cuando fue aprehendido el año pasado.
Según la Defensoría del Pueblo, los policías infligieron de manera intencional dolores a César Apaza con la finalidad de aprehenderlo en septiembre de 2022. Además denunció que el fiscal Carmelo Laura omitió realizar una investigación al respecto.
En ese marco, la abogada Evelyn Cossío indicó que se denunciará a los policías por el tipo penal de lesiones graves y gravísimas.
Precisó que se denunciará a ocho policías de inteligencia, plenamente identificados, y que formaron parte del operativo contra Apaza, pero no descartó incluir al coronel Rolando Rojas, exdirector de la fuerza anticrimen y que, según el dirigente, estuvo en el momento de las agresiones profiriéndole insultos para obligarlo a firmar su aprehensión.
Anunció que se pedirá el cumplimiento pleno del informe de la Defensoría del Pueblo, el cual recomienda investigar la posible tortura a Apaza y procesar al fiscal que omitió investigar el caso.
«Cesar Apaza, desde un primer inicio, ha ido denunciando que ha sido víctima de tortura, pero poco o nada le ha interesado a la Fiscalía para investigar. Simple y llanamente se han dedicado a lo largo de estos más de ocho meses que Cesar Apaza está privado de libertad en seguirle fabricando más procesos en su contra», recordó.
La abogada lamentó también que, pese a una orden judicial, Apaza aún no ha recibido fisioterapia. Dijo que el estado de salud del dirigente decae cada día más y tiene medicamento que lo tiene sedado toda la jornada sin poder salir de su celda.
César Apaza actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Chonchocoro, imputado por la toma del mercado paralelo de coca de Villa El Carmen. Fue dirigente de la Autodefensa de Adepcoca contestataria al Gobierno.
Defensoría concluye que César Apaza sufrió trato cruel y degradante de la Policía y que fiscal omitió investigar.
Hechos
Como se recordará, la pasada gestión el sector cocalero de los Yungas de La Paz exigió el cierre del mercado paralelo, pero las fuerzas policiales reprimieron las protestas y se denunció que ingresaron a las casas de la zona de Villa Fátima para aprender a los protestantes.
Durante más de dos semanas la zona registró gasificación de parte de la policía, resguardando el mercado paralelo, que es dirigida por afines al partido de gobierno, según reportaron en su momento los medios de prensa. (EL DIARIO y Erbol).