La Constitución Política del Estado, manda en el Art.56.I que “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social”. Incumpliendo este mandato, un grupo de avasalladores hizo la toma violenta del edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), violando el derecho a la propiedad Privada.
La APDHB, independiente en lo político y religioso, es fundada el 10 de diciembre de 1976 por voluntarios, durante la dictadura militar de Hugo Banzer, para la vigencia y ejercicio integral de los DDHH. Tiene décadas de experiencia en defensa de los Derechos Humanos, como respuesta a la situación de violencia y quiebre institucional que se vivía en dicho período dictatorial. Los fines y objetivos de dicha entidad son promover la vigencia de lo que está enunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Constitución Política del Estado, así como la democracia y el estado de Derecho. Es una instancia que tuvo un rol protagónico en cuanto a canalizar las denuncias de sectores vulnerables.
Una de sus actuaciones, encabezada por Amparo Carvajal, ocurrió ante la represión policial en Chaparina, en septiembre de 2011, cuando 1.500 hombres, mujeres y niños que participaban en la Octava Marcha en defensa del TIPNIS, fueron duramente atacados por efectivos policiales. Entonces hubo más de 100 heridos y unos 200 detenidos, que posteriormente fueron liberados. La APDHB atendió este caso, sistematizó los testimonios y ratificó las denuncias sobre vulneración de derechos de los indígenas que marcharon. Hoy el Estado boliviano tiene una sanción de la Corte Penal Internacional por violación a los múltiples Derechos Humanos de los indígenas, afectados por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Entonces se demandó la paralización de la construcción y que se garantice la conservación del TIPNIS.
Lamentablemente, en el año 2014, afines al anterior gobierno, con la complicidad y aquiescencia de la Policía, tomaron de manera violenta las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y conformaron una organización paralela. Luego el lunes 6 de febrero de 2017, con violencia la tomaron los dirigentes sindicales mineros afines al partido de gobierno, quienes decidieron “crear” otra institución paralela a la Asamblea de Derechos Humanos.
El viernes 2 de junio de este año, más de 100 afines al Movimiento al Socialismo (MAS), a la cabeza de Edgar Salazar y Remberto Cruz, tomaron el edificio y permanecen en las instalaciones de la APDHB, ubicada en la avenida 6 de Agosto en La Paz, en complicidad con la policía, que resguarda a los avasalladores de la propiedad privada, pues les permiten introducir comida, colchones, amoladora y otros implementos. Los avasalladores soldaron las puertas de ingreso, con el objetivo de apropiarse de las instalaciones y, al mismo tiempo, por la puerta trasera sacaron cajones con documentos, con el riesgo de que se pierda información sobre las denuncias de vulneración de derechos humanos.
Tras la toma del edificio, Amparo Carvajal, de 83 años de edad, se encuentra en la vigilia y durmiendo en la puerta del edificio de la APDHB desde hace días, esperando ingresar para realizar su trabajo de Defensora de los Derechos Humanos. Ella presentó una demanda penal en el Ministerio Público contra los dirigentes que encabezaron la toma del recinto, como Salazar y Cruz, por AVASALLAMIENTO. Pero hasta la fecha no hay respuesta. Lamentablemente, la Fiscalía no hace su trabajo, por el avasallamiento a propiedad privada, por personas que cometen delito infraganti. Sin embargo, persigue y encarcela a personas que defienden los Derechos Humanos, la democracia, la libertad y la justicia.
Exigimos a la Fiscalía que haga su trabajo para defender la propiedad privada, es decir a la Casa de la Democracia, de los Derechos Humanos. Que disponga, en el marco de la ley vigente, la salida de los avasalladores de la propiedad privada y sean sancionados de acuerdo con la ley.
La autora es Abogada, Economista, ex Asambleísta Constituyente.