El Gobierno autorizó la compra de 120 vehículos tipo camioneta 4×4 y con accesorios, por Bs 35 millones para fortalecer el trabajo de la Aduana Nacional. Los parlamentarios del oficialismo y oposición, además de analistas, cuestionaron esa adquisición para una institución que incauta motorizados, esperan que no se convierta en otro hecho de corrupción.
El coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado constitucionalista, Jorge Santistevan, manifestó a EL DIARIO que la adquisición no se justifica y considera que el extremo responde solo a buscar un “negociado”.
“No se justifica la compra por dos motivos: uno que hay vehículos incautados que pueden utilizarse al servicio de la administración pública, respaldados por la ley, y otra que, al no ser necesario, buscan el negociado y beneficiar a una concesionaria que puede ser propietario o socio un alto dirigente masista”, dijo.
Asimismo, Santistevan apuntó que la Aduana Nacional no tiene una política clara de lucha contra el contrabando y la compra de servicios es otro negociado como lo que ocurre en Boliviana de Aviación (BoA).
“Una alternativa es el remate de esos vehículos para proceder al reforzamiento de transportes en la Aduana. Pero no hay política de nada, porque esa institución es administrada con personal inepto; el contrabando ha sobrepasado a la propia Aduana, los militares y policías son controlados por los dirigentes de poblaciones campesinas, especialmente, los que están en provincia principalmente en frontera con Argentina y Chile”, dijo.
El 7 de junio de 2023, el gabinete promulgó el Decreto Supremo 4956 que autoriza la compra de 120 vehículos, con sus respectivos accesorios, para el uso operativo en la lucha contra el contrabando, por Bs 35 millones. Además, designó al ministro de Economía y Finanzas Públicas como encargado de la ejecución y cumplimiento de esa norma.
Dividendo el monto global entre la cantidad de motorizados que se adquirirá, cada uno de ellos tendrá un costo de Bs 291.667, es decir, equivalente a $us 41.906.
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Danny Daniel Rojas, manifestó su conformidad con la adquisición pero dijo que espera que no haya sobreprecio.
“Todo lo que sea en beneficio de lucha contra el contrabando está bien, pero esperamos que en la adquisición de estos vehículos no haya sobreprecio. También hay que ver la modalidad de adquisición, cómo se realizarán los trámites en la licitación. Esperemos que todo vaya bien, pero nosotros vamos a fiscalizar”, afirmó Rojas a la ANF.
El parlamentario hizo alusión al caso de la compra irregular de 41 ambulancias por Bs 20,5 millones por parte de la Gobernación de Potosí, en diciembre de 2021. La autoridad departamental Jhonny Mamani fue apuntado como el principal responsable del ilícito, empero la justicia determinó absolverlo de la investigación.
En similar criterio que Santistevan, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón cuestionó que la institución compre motorizados y no use los incautados. Consideró que inicialmente estos deben ser saneados y posteriormente priorizar su uso en la lucha contra el contrabando y narcotráfico, en vez de entregar a organizaciones sociales como parte de una prebenda.
“En función a eso, se debería designar la prioridad del uso de estos vehículos, saneados, donde haya la mínima duda de que son autos robados. Se deben asignar a estas instituciones de lucha contra el contrabando y narcotráfico. En caso de que no sea suficiente, recién adquirir vehículos nuevos”, puntualizó.
VEHÍCULOS CONFISCADOS
El diputado Renán Cabezas recordó que la Aduana informó que se confiscaron cientos de vehículos, mismos que se encuentran arrinconados en garajes de diferentes regiones del país. Además, criticó que el Gobierno hable de austeridad, pero no se cumplan en los hechos.
“El presidente Luis Arce nos indica que debemos ser austeros, pero las acciones no riman con lo que dicen. Esperemos que expliquen cuántos vehículos van a comprar, porque tenemos entendido que se necesita un motorizado de buen nivel y que tenga una buena máquina, para perseguir a los contrabandistas”, manifestó.
La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, informó que en dos años y medio se decomisaron 6.300 motorizados, de los cuales 400 fueron entregados al Gobierno. Esas aseveraciones surgieron luego de que se conoció que dos vehículos donados al Conamaq y a la Asamblea Legislativa, respectivamente, estaban reportados como robados en Chile.
TRABAJO DE LA ADUANA
Con relación al trabajo de esa institución, Alarcón dijo que no existe una lucha frontal contra el contrabando, tomando en cuenta a que algunos funcionarios están implicados en ese ilícito. Consideró que la labor que realizan es insuficiente porque el ingreso de mercadería ilegal se incrementó.
Cabezas sugirió que el personal que se encuentran en puntos fronterizos roten para evitar que sean cómplices de los contrabandistas. Anticipó que enviarán una minuta de comunicación para recomendar esas acciones.
En mayo pasado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se iniciaron procesos contra dos funcionarios de la Policía y tres de la Aduana por el caso de vehículos robados en Chile, que ingresaron al país y fueron entregados a diferentes instancias.
“Debemos manifestar que al interior de la Policía boliviana se han iniciado los procesos disciplinarios correspondientes que ya son de conocimiento del fiscal policial, a un teniente coronel y a una suboficial. Y así también la Aduana Nacional ya ha iniciado los procesos correspondientes en contra de tres funcionarios civiles de la Aduana”, informó Del Castillo en la oportunidad.
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, presentó una denuncia a la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en contra de la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada; el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y la Aduana luego de la entrega a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un auto reportado como robado en Chile.
Anteriormente, el Presidente, Luis Arce, también hizo la entrega de un motorizado a las organizaciones sociales, mismo que tenía reporte de robo.
De acuerdo a los informes preliminares, el ministro dijo que existen responsabilidades tanto en la Aduana y la Policía sobre el ingreso de los vehículos al país.
En la oportunidad, la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, informó que en la primera certificación de Diprove se decía que los vehículos no tenían reporte de robo y dijo que no hubo actualización adecuada de la información de parte del sistema de sus pares en Chile. (EL DIARIO y ANF)