ANF.- A pesar de las políticas que el Gobierno aplicó para evitar la fuga por contrabando del combustible subvencionado, especialmente en las fronteras del país, un botero de Desaguadero contó que aún existen formas para burlar los controles al tráfico de carburantes debido a la escasa vigilancia.
Desde el 12 de abril, el Gobierno puso en vigencia los decretos supremos 4910 y 4911 para intentar frenar el contrabando de combustible subvencionado en las fronteras. Desde entonces, se ensayaron distintas estrategias, como mayor control de parte de militares; colocar GPS a los camiones cisterna, pintar de otro color la gasolina en fronteras, entre otras medidas; sin embargo, los medios de comunicación constataron una intensa salida de hidrocarburos en las fronteras a plena luz del día y ante la vista de autoridades.
Un botero que trabaja sobre el río Desaguadero accedió a conversar con la ANF, a condición de resguardar su identidad, y explicó que el trabajo de los botes comienza a las 06.00 y termina a las 20.00, como indica la norma. Durante toda la jornada, el servicio principalmente transporta personas y diferentes cargas de productos.
«Somos legales, pero pasamos lo ilegal como el combustible (…). La Policía cada vez revisa, siempre revisa, pero algunos buscan modos, cuando ya no está la Policía, ya ven, ya saben los horarios de los policías y pasan el combustible camuflado», reveló el navegante.
Sobre el río trabajan alrededor de 120 botes que están agrupados en tres asociaciones: Playa Azul, Ingavi y Cooperativa San Pedro. En el lado del Perú son más de cinco asociaciones.
Respecto a las autorizaciones, el navegante aseguró que tienen permisos de la Capitanía de Guaqui y también pagan una patente anual de 40 o 50 bolivianos al municipio de Desaguadero.
«(Pero) ahora no sólo es Desaguadero, en Santa Rosa de Taraco hay cualquier cantidad de botes que pasan mercadería (…). La Capitanía (de Guaqui) está dando vueltas, controlando, ya saben a qué hora y dónde. Cuanto más control hay, mejor se gana, más caro son las cosas en La Paz», indicó.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armada, Freddy Velásquez, dijo que se tendría que regular ese tipo de trabajo que se abre al «contrabando hormiga», pero justificó que los boteros «lo hacen por necesidad».
«Habría que ver y hacer un análisis profundo sobre la situación del contrabando, nos guste o no, es un mal sustentable para nuestra gente, pero tendríamos que analizar, se está haciendo algunas revisiones para ver este tema», señaló el diputado.
Este fin de semana, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, dijo que el tema del «contrabando hormiga» en el río Desaguadero «es un tema un tanto complejo» y que el control les corresponde a ambos países.
«Las persona que están conduciendo las personas las barcazas (…) tienen que tener una normativa y restricción para frenar el contrabando hormiga en los diferentes puntos fronterizos», sugirió Vargas.
El diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedraza dijo que, si hubiera una lucha «efectiva» contra el contrabando, lo primero que debería hacer el Gobierno es revocar las patentes otorgadas por los municipios a los botes, pero admitió que eso es poco probable porque las autoridades coadyuvan a ese tipo de actividades. (ANF)