El Decano de la Prensa Nacional, EL DIARIO, en la edición de 27 de mayo pasado, en primera plana con el título “Reportan 87 vulneraciones a institucionalidad democrática”, informa que según el Observatorio UNITAS (Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social), entre enero y mayo de este año, han sido vulnerados importantes derechos ciudadanos, por funcionarios del gobierno, como del Órgano Ejecutivo, la Policía, autoridades del Órgano Judicial, del Órgano Legislativo, Ministerio Público y algún gobierno municipal.
Lo cierto es que las vulneraciones que denuncia UNITAS, son atentados a los Derechos Humanos, que precisamente prescriben como derechos todos los actos denunciados, lo que importa un grave incumplimiento del gobierno del Estado boliviano. Es decir que éste tiene la obligación de cumplir con la preservación y promoción de los Derechos Humanos, como lo disponen tratados y convenios internacionales.
Para nadie es novedoso que hace 16 años vivimos bajo un régimen de gobierno de corte autoritario, en el que no hay división e independencia de poderes u órganos del Estado, en especial del Órgano Judicial, que es el mecanismo de garantía de la población, ante los excesos del poder, pero, por el contrario, se ha convertido en un órgano de persecución y represión política. La Defensoría del Pueblo no cumple las funciones para la que fue creada, pues está bajo el control político del gobierno, como todo el aparato administrativo del Estado, que también es un aparato de represión. Además, las instituciones de la sociedad civil, que velan por los derechos ciudadanos, son objeto de presión y represión, como la Iglesia Católica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que hace pocos días ha sido asaltada por gente del gobierno, con la complicidad de la policía.
La Policía, institución estatal que tiene por finalidad la defensa de los ciudadanos frente al crimen y resguardar el orden público, hace el lamentable papel de órgano de represión política. Los ciudadanos hemos sido observadores de las “brutales” arremetidas de ésta contra ciudadanos que salen a las calles, en ejercicio de sus derechos de expresión y protesta, siendo víctimas de los excesos policiales, como hemos visto ya varias veces, en especial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Allí, hace dos días, en las puertas de la Gobernación se produjo un pugilato, en el que una consejal departamental del oficialismo fue agredida, pese a que la policía estaba a metros de los hechos. Luego la policía arremete contra los ciudadanos que se encontraban en ese lugar, pero que no participaron en la golpiza a la oficialista, hubo tal violencia que, en un medio televisivo, se calificó la actuación de algunos policías de “desaforada”. Sin embargo, a contrario sensu, cuando se trata de gente del gobierno que comete actos “vandálicos” o de violencia, no actúa y a veces coadyuva a los mismos.
En el caso de la reciente toma de las instalaciones de la Asamblea de Derechos Humanos por gente del oficialismo, la policía no evitó este asalto, sino que coadyuvó a este hecho vandálico. Lo mismo pasó cuando una marcha ciudadana en la zona sur de la ciudad de la Paz, hace unos meses, fue atacada violentamente por empleados públicos, con la complicidad de la policía. A su vez, hechos de narcotráfico, contrabando, corrupción y otras conductas delictivas quedan en la impunidad, en especial si son cometidas por gente afín al régimen.
La tortura, que es una de las conductas más reprobables por las organizaciones de Derechos Humanos, se la viene ejerciendo contra delitos políticos, como los denunciados contra los dirigentes de los cocaleros de los Yungas, Armin Lluta, César Apaza y otros. En el caso de Apaza, incluso el cuestionado Defensor del Pueblo se ha pronunciado contra los policías autores de la tortura, pero una Fiscal de apellido Vaca, ha vuelto a reponer una diligencia que un juez había desestimado.
Los Derechos Humanos tienen que ser preservados y cumplidos por todos, en especial por los administradores del Estado, y no como sucede en nuestro medio, en el que estos derechos fundamentales, son vulnerados precisamente por gente del gobierno. Además, no cumplir con la preservación de los Derechos Humanos es un grave atentado a la democracia y el estado de derecho.
Solamente el cumplimiento estricto de las leyes, que es el “estado de derecho”, es la base para el desarrollo y progreso de una sociedad necesitada de superar su cuadro de incertidumbre, pobreza y escaso desarrollo humano. Sólo el cumplimiento de la ley nos hace libres.
El autor es Abogado, Politólogo y docente universitario.