Según el diccionario de nuestra principal lengua, el español, se entiende por terrorismo a la “sucesión de actos de violencia para infundir terror”. Es decir, someter a la gente a dictados e intereses por la violencia que provoque terror, miedo, inacción, parálisis etc. Esta conducta suele ser típica de grupos de poder delictivos que pretenden imponer silencio y permisividad ante sus actos ilegales, como ha sucedido y sucede en Colombia y México en nuestro continente o, para imponer una determinada corriente ideológica, como sucedió con “Sendero luminoso” en Perú. O por gobiernos dictatoriales, que buscan a través del terror impuesto a la ciudadanía, que guarde silencio, sea cómplice, no ejerza sus derechos de libre pensamiento y expresión, a través del terror desatado desde el poder político, utilizando el aparato administrativo del Estado y las instituciones públicas que deberían velar por la seguridad, legalidad y justicia de la población.
Hace unos días el dirigente de una corriente política de oposición parlamentaria, el ex presidente Carlos Mesa, en la ciudad de Tarija fue objeto de agresión por una turba de gente del oficialismo en el aeropuerto de esa ciudad. La turba ingresó violentamente, echando petardos al aire, hasta el área de pre embarque, lo que además de constituir un delito, importa la inseguridad en un aeropuerto.
Si estuviéramos en un “estado de derecho”, inmediatamente las autoridades jurisdiccionales, deberían haber intervenido, procesando a los autores y responsables de las órdenes, pero como son acciones amparadas por el poder, quedan en noticia y comentario. Lo mismo sucedió con otros actos vandálicos, como la agresión violenta a una concentración de ciudadanos en la zona sur de la ciudad, hace unos meses, por gente –empleados públicos– previamente concentrada para esa finalidad. Lo más reprobable es la complicidad de la policía, que en vez de resguardar a las personas y bienes, protege y resguarda a los violentos que cometen estos actos delictivos, como el asalto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otros.
Esta gente vinculada al gobierno, es movilizada por alguna autoridad que ordena estas reprobables acciones, que tienen por finalidad asustar, reprimir y violentar los derechos ciudadanos de libertad de organización y actividad que no sea prohibida por ley. Es decir, amedrentar a los ciudadanos para que no hagan ejercicio de sus derechos ciudadanos, no critiquen, no opinen, ni organicen corrientes críticas al régimen. De tal suerte que los ciudadanos son prevenidos en cuanto a que “si haces oposición, serás agredido y violentado en tus derechos”.
Para imprimir el terror desde el Gobierno del Estado, se utiliza al aparato judicial (jueces y fiscales), el que por disposición constitucional debería ser independiente de los otros órganos de poder estatal, pero que está al servicio del poder político y no de las leyes. De tal suerte que este órgano se ha convertido en un órgano represor, inquisitorial, que enjuicia y encarcela a todo el que señala al poder político o que lo incomoda, llegando inclusive a perseguir judicialmente y encarcelar a quienes denuncian actos de corrupción de autoridades de gobierno, previniendo que “si denuncias, serás perseguido judicialmente”.
Este lamentable cuadro, es una clara muestra del carácter autoritario del régimen de gobierno que ejerce desde hace 16 años, que arremete contra individuos e instituciones que son incómodos al poder y que pretende imponer, mediante la violencia y el “terror”, sus políticas de gobierno. La democracia importa el gobierno de mayorías y minorías, de ninguna manera la “dictadura de las mayorías coyunturales”, pues las mayorías de ayer, suelen convertirse en minorías hoy, por eso en la economía constitucional de los años cincuenta, a medio período de gobierno, se consultaba al pueblo sobre su preferencia, renovándose parte de la representación parlamentaria.
La violencia es ejercida por quienes se sienten débiles y no tienen argumentos para debatir democráticamente, y peor aún, es reprobable por quienes tienen poder político coyuntural, porque como dijo el sabio Franz Tamayo: “no se es impunemente poderoso”.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.