La Constitución Política del Estado define en el Artículo 265. I que “El Estado promoverá, sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana”. Sin embargo, Bolivia NO aplica este precepto constitucional del hermanamiento, especialmente con los Estados vecinos. Lo hace al nombrar a una persona que es rechazada por Perú, por incumplimiento del Art. 2.1. y 12 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Dicha Convención establece en el Artículo 2.1 que “El establecimiento de relaciones consulares entre Estados se efectuará por consentimiento mutuo”. Refiere el Artículo 12.1 que “El jefe de oficina consular será admitido al ejercicio de sus funciones por una autorización del Estado receptor, llamada exequátur, cualquiera que sea la forma de esa autorización. 2. El Estado que se niegue a otorgar el exequátur no estará obligado a comunicar al Estado que envía los motivos de esa negativa. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13 y 15, el jefe de oficina consular no podrá iniciar sus funciones antes de haber recibido el exequátur”.
Lidia Patty fue nombrada cónsul de Puno, en la República del Perú, por la cancillería boliviana. Lamentablemente, ella no cumplió con los artículos 2.1 y 12.1, que obligan al consentimiento previo del Perú. Sin haber recibido las credenciales por parte del Perú, como cónsul de Bolivia, inició sus actividades, mostrando carencia de formación y desconocimiento de la diplomacia, mientras que profesionales de la diplomacia están en las calles, desocupados.
La ministra de Relaciones Exteriores peruana, Ana Cecilia Gervasi, manifestó que la servidora Patty habría estado relacionada con el ex presidente Evo Morales, ejerciendo funciones desde el 1 de junio. Dijo ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de su país que el ejercicio de funciones consulares sin la admisión del país receptor “constituye una transgresión a las normas de la Convención de Viena de 1963”.
La congresista peruana Patricia Chirinos, consideró que “los ataques contra el Perú no se detienen” y que por eso ahora “el régimen comunista boliviano pretendió infiltrar” en su país “a la exdiputada del MAS y operadora de Evo Morales, bajo la fachada de ‘cónsul’ en Puno, cuando ni siquiera tenía las credenciales correspondientes”, y que “la ilegal presencia y accionar de la cónsul de facto del comunismo internacional constituye una evidente violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.
Luis Gonzales, excanciller peruano y expresidente del Congreso, calificó como una falta de respeto a Perú que el gobierno boliviano designe como su cónsul en Puno a Lidia Patty, exdiputada del MAS. Dijo que, en Puno, Evo Morales quiere poner su varayoc del Unasur, que es el desgarramiento territorial del Perú. Que en Puno tiene un proceso judicial Morales, que allí tiene una sólida base política. Que han enviado un Evo Morales femenino disfrazado a Puno. Manifestó que la designación de Patty “fue una decisión desafortunada porque no tiene experiencia en el campo diplomático”.
Eduardo Ponce y Hugo de Zela, exvicecancilleres del Perú, indicaron a Perú21 que Patty tenía que esperar a que la Cancillería peruana le entregue el exequátur, credencial diplomática, para que comience a asumir el despacho del consulado, según el artículo 12 de la Convención de Viena. Lo contrario representa un acto de provocación política.
La Cancillería de Bolivia, ante la falta de una adecuada política internacional y el evidente desconocimiento del Derecho Internacional en este caso, determinó instruir el repliegue de Lidia Patty, por incapacidad y rechazo de Perú.
Exigimos a la Cancillería boliviana evitar estos impasses con nuestros vecinos, en este caso con el Perú o cualquier otro Estado, así como designar servidores que tengan formación académica en materia de relaciones internacionales, para evitar la vergüenza ante organismos mundiales.
La autora es Abogada, Economista, ex Asambleísta Constituyente.