El anteproyecto de Ley enviado a la Asamblea Legislativa por parte del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, para un incremento del aporte patronal solidario de 3% a 3,5% genera presión al sector privado y sólo provocará desempleo y aumento de la informalidad y la precariedad del trabajo. El gerente General de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jauregui, dijo que toda medida debe ser consensuada para no afectar a las fuentes laborales.
Una reunión entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), esta última calificada como la casta sindical privilegiada, acordaron subir en 1.000 bolivianos el límite de la pensión solidaria de los trabajadores, es decir de 4.200 a 5.200 bolivianos.
Para ello incrementará tanto el aporte patronal solidario de 3% al 3,5%, como los aportes de las personas que ganen más de 13.000 bolivianos. La propuesta ya fue criticada por los empresarios y economistas, pues ven a la medida como un incremento arbitrario, pues no consideran la situación del empleo a nivel nacional y mucho menos de las empresas.
El proyecto de “Modificación a la Ley de Pensiones” fue enviado por el presidente Luis Arce al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para su tratamiento.
La propuesta presentada por el gobierno a la Asamblea es el inicio de la manipulación de la Gestora de Pensiones, a casi un mes de haberse hecho cargo del pago y de la recepción de los aportes, así como de un fondo de 23.000 millones de dólares.
El economista y docente de la Universidad Católica Boliviana, Gonzalo Chávez, en su red social de tik tok dijo que el gobierno utiliza la institucionalización de políticos para beneficiar a un grupo afín a la administración de Estado, es decir a la casta sindical privilegiada, la COB.
Además, según el economista, también plantea una división discriminatoria, pues exime a los políticos, de la normativa que obliga a las personas a jubilarse a los 65 años, y seguir trabajando y recibir recursos de los impuestos de los bolivianos.
Y, si es que quiere trabajar a pesar de cumplir 65 años, deberá pasar una serie de exámenes médicos valorados por la burocracia estatal, que decidirán que procede o no.
Chávez sostiene que la propuesta busca financiarse con impuestos, llamados entre comillas aportes de la economía formal y de empresas, con el objetivo de beneficiar a la casta política sindical.
Recordó que afines al gobierno pagan mínimos impuestos, como los cooperativistas, que exportaron alrededor de 3.000 millones de dólares y sólo erogaron al fisco 2%; además hay una propuesta presentada a la Asamblea para que se beneficien con el 100% de su jubilación, mientras el resto con 60%.
Chávez sostiene que, si bien hay que modificar el Ley de Pensiones, pero debe apuntar a transparentar la administración, haya competitividad y sea administrado por gente que conoce del tema y no por políticos, nombrados por el Gobierno, la administración de recursos privados.
Adelantó esa será la batalla rumbo a las elecciones del 2025, pues se pone en juego el futuro de 2,5 millones de personas que contribuyen a la Gestora Pública.
EMPRESARIOS
Entre tanto, los empresarios solicitan a las autoridades de Gobierno a sentarse a la mesa a consensuar los cambios para que el sector privado y menos el empleo sea afectado.
Dijo que la medida sólo apuntará a incrementar los indicadores de precariedad de los empleos. “Seguimos generado regulaciones y presiones al sector privado, que derivará en mayor precariedad del empleo”, apuntó.
Por ello reiteró que ese tipo de medidas debe ser consensuada y analizada con el sector que genera empleo en Bolivia.
Y también recordó que varias encuestas realizadas a la población dan cuenta que la principal preocupación de la gente, en especial de las amas de casa, es la economía, pero al parecer no se toma en cuenta esta situación.