El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, y la presidenta del Comisión de Justicia Plural, Lidia Tupa, informaron que el anteproyecto de ley para modificar la Ley del Órgano Judicial se encuentra paralizado desde la anterior gestión por falta de consensos entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura.
El 15 de junio de 2022, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura presentaron a la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley que busca “modernizar y transparentar” la justicia, esto por las constantes denuncias de hechos irregulares cometidos por las autoridades judiciales.
El anteproyecto pretende modificar, al menos, 75 artículos de la Ley 025 del 24 de junio del 2010; y en el artículo 8, amplía los alcances de responsabilidades a “todos los servidores públicos, jurisdiccionales y administrativos, que cumplen funciones en el Órgano Judicial, son responsables por acción u omisión, de conformidad al régimen de responsabilidad, previsto en el ordenamiento jurídico vigente”.
La diputada Tupa dijo que esa propuesta está “paralizada” por falta de informes que debió enviar el TSJ y la Magistratura a la Comisión para su revisión y respectivo tratamiento.
“Hemos hecho mesas técnicas el año pasado, en mi condición de presidenta de la Comisión de Justicia (…). Entiendo que esa norma fue paralizada por falta de informes positivos, tanto del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura”, informó la legisladora a la ANF.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados indicó que incluso se trasladaron hasta Sucre para llevar adelante reuniones técnicas, ahí evidenciaron que entre el TSJ y el Consejo de la Magistratura “no existe acuerdo” para modificar los alcances en el régimen disciplinario.
Asimismo, indicó que, desde la última reunión que fue entre octubre o noviembre de 2022, hasta la fecha no volvieron a retomar el anteproyecto. El legislador dijo que los proyectistas son los que tienen que reponer la propuesta para retomar el tratamiento. Además, les pidió sinceridad a las autoridades de ambas instancias.
“La parte más importante de la modificación a la Ley 025, consideramos nosotros, es la referida al régimen disciplinario que ha sido trabajada entre el TSJ y el Consejo de la Magistratura, pero no están siendo muy sinceros los del TSJ al señalar que existiese probablemente dilación en el tratamiento del Legislativo, esto no es evidentemente”, argumentó Jauregui.
La diputada Tupa ratificó las declaraciones de su colega Jauregui, además dijo que en su momento solicitaron informes al Tribunal de Supremo Judicial y el Consejo de la Magistratura, pero no tuvieron respuesta alguna de ambas instituciones.
El 29 de mayo, en conferencia de prensa, Marvin Molina, miembro del Consejo de la Magistratura, informó que, luego de casi siete años, se destituyó a la cuestionada jueza Gladys Bacarreza Morales, porque el sistema actual es “demasiado beneficioso” para las autoridades judiciales y solicitó al Legislativo atender las iniciativas de las reformas. (ANF)