La Fiscalía departamental de La Paz desestimó la denuncia por allanamiento contra el activista de derechos humanos afín al Movimiento al Socialismo (MAS), Édgar Salazar, argumentando que no se demostró que las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) sea el lugar de trabajo de Amparo Carvajal.
“Al no advertirse una vulneración a la intimidad en el lugar de trabajo de María Amparo Carvajal Baños, toda vez que, si bien tiene la calidad de Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la misma a más de señalar que su lugar de trabajo fue allanada, no sustenta que dicho lugar se constituye en su lugar de trabajo, al que supuestamente hubiera ingresado Édgar Salazar junto a 50 personas de forma arbitraria, y por ende al no tenerse certeza que el lugar que presuntamente que hubiera ingresado el denunciado se constituye o no en el lugar de trabajo de la denunciante, imposibilita subsumir el tipo penal en su delación planteada”, señala la resolución de desestimación a la que tuvo acceso la ANF.
El 2 de junio, tras la toma de las oficinas de derechos humanos, Carvajal, junto a las legisladoras Luisa Nayar y Luciana Campero, presentó una demanda penal contra Salazar por el delito de allanamiento. A la fecha, él junto a otras personas continúan en las instalaciones de derechos humanos y con resguardo policial.
La resolución de desestimación fue emitida el 14 de junio, es decir 12 días después que se presentó la demanda, y está suscrita por la fiscal asignada al caso, Salomé Ramos. Empero, los denunciantes recién fueron notificados esta jornada.
En ese sentido, Amparo Carvajal aseguró que esas oficinas son su lugar de trabajo porque reciben denuncias de vulneración de derechos humanos. Afirmó que en esas instalaciones se encuentran diversos informes de casos relevantes que atendieron.
“Es lamentable que se haya tomado esa decisión, nosotros trabajamos en esas instalaciones y recibimos las denuncias de las personas que fueron vulneradas en sus derechos humanos. Es lamentable que se proteja a quienes allanaron las oficinas”, afirmó.
Otra parte del documento calificó como “simple afirmación”, las declaraciones de la presidenta de derechos humanos sobre que las instalaciones allanadas se constituyen en su lugar de trabajo. Indica que esas afirmaciones tienen un carácter subjetivo y, por tanto, se decidió desestimar la demanda por la falta de elementos necesarios.
“Ya que al tratarse de una simple afirmación por parte de la denunciante en relación que dicho lugar se constituye en su lugar de trabajo, al igual que el supuesto ingreso arbitrario desplegado por el denunciado Edgar Salazar, estas afirmaciones tienen la cualidad de ser liricas, retoricas y hasta persuasivas, de carácter subjetivo y no objetivo como requiere un relato de hecho fáctico. No cumpliéndose con los requisitos legales pertinentes: por lo que, no se cuentan con los elementos necesarios para tomar una determinación”, se lee en otra parte de la resolución.
Al respecto, el abogado Ricardo Rodríguez, que patrocina a la presidenta de derechos humanos, cuestionó la determinación de la fiscalía y advirtió que esta decisión permitirá que cualquier persona ingrese por la fuerza a cualquier oficina, dejando en indefensión a la población.
“Entonces, cualquier persona puede ingresar por la fuerza a cualquier oficina, cualquier lugar de trabajo y decir esta oficina me pertenece, eso es lo que está legalizando con esta resolución el Ministerio Público”, manifestó.
VIGILIA
Una carpa con un colchón y varias frazadas se convirtió en la nueva morada de Amparo Carvajal, junto a una delegación de activistas de derechos humanos, lleva 27 días en vigilia en la parte posterior de la asamblea de derechos humanos. Aseguró que continuará en ese lugar “hasta morir”. (ANF)
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